Representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han mantenido una reunión con el Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación donde le han manifestado su gran preocupación por los problemas que están planteando a los ganaderos los seguros de retirada y eliminación de los cadáveres de las explotaciones ganaderas.
En la reunión se aportó un informe donde se recogen las principales amenazas y dificultades que presentan estos seguros para los ganaderos españoles. Desde el punto de vista del seguro como instrumento financiero se trataron problemas tales como el coste al ganadero, quien ve cómo se incrementa cada año la cuantía por ese concepto. Además en el seguro de MER (Materiales específicos de riesgo) se ha introducido un sistema de bonus-malus desde el punto de vista del seguro y sin ninguna justificación dado que no hay suficiente historial en el seguro para tomar una medida de este tipo.
Para UPA es imprescindible reducir de manera significativa el coste de intermediación. En este sentido, es necesario favorecer la competencia entre las empresas que se encargan de la retirada así como de aquellas dedicadas a la incineración. La organización considera que es imprescindible optimizar el dinero público empleado. A día de hoy ocurre que el Ministerio de Agricultura invierte gran cantidad de dinero en la subvención de este tipo de seguros, al mismo tiempo que resultan enormemente caros para los ganaderos de lo que se deduce que los eslabones intermedios realizan un interesante negocio.
UPA considera que el seguro agrario es un instrumento de política agraria nacional y desde este punto de vista es necesario que el seguro de MER y MAR (materiales de alto riesgo), por sus especiales características, no esté sujeto a las reglas actuariales, ni a sus instrumentos para corregir los desequilibrios que pudieran surgir, de manera que éstos sean asumidos por la Administración. Desde la organización se considera que el coste del seguro no puede incrementarse año tras año y para ello propone el blindaje de las subvenciones a este seguro en su cuantía máxima, evitando de este modo una disminución de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
UPA continúa denunciando los problemas relacionados con el servicio de retirada y destrucción de cadáveres, tales como: disparidades en el coste del servicios entre diferentes Comunidades Autónomas, por ejemplo en el caso de Cataluña y Castilla y León donde cuesta 150 €/animal mayor de 12 meses, mientras en Galicia supone un 50% más. Este problema pone de manifiesto los abusos que están llevando a cabo las empresas gestoras del servicio de retirada y destrucción, por el sistema monopolístico vigente en las Comunidades Autónomas. La organización reclama el establecimiento de normas higiénico-sanitarias claras de obligado cumplimiento para este tipo de empresas.
UPA ha puesto de manifiesto la necesidad de un control de las empresas gestoras y la necesidad de buscar una valorización de los animales destruidos. En España se incineran aproximadamente 700.000 animales al año. Si se utilizara la energía generada en la incineración para la producción de electricidad, se podrían aminorar los costes al ganadero pues habría beneficios para las incineradoras por otra vía. Así pues mediante inversiones en I+D+I se solventaría un problema de los ganaderos españoles y se apostaría claramente por las energías alternativas de origen biológico.
UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura la no consideración de las subvenciones de ENESA como ingresos y que así se recoja en la nueva ley de IRPF que se está elaborando, en estos momentos. La organización es consciente de que todos tenemos que colaborar en lograr una solución para que los costes de los ganaderos no aumenten como lo están haciendo, y el dinero público se emplee de la forma más óptima posible
UPA