Nota de UPA
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), vuelve a reclamar a la Administración sobre la necesidad de dar solución a temas que quedaron sin resolver tras la crisis de las vacas locas. A pesar de haber desaparecido de los presupuestos del Estado casi en su totalidad las partidas destinadas a paliar los efectos de la EEB, desde UPA recordamos una vez más que son los ganaderos los que continúan pagando el certificado veterinario así como los Materiales Especificados de Riesgo retirados en los mataderos y salas de despiece. De igual modo, cofinancian la retirada y posterior incineración de los cadáveres de las explotaciones.
El “certificado veterinario” apareció con la crisis de las vacas locas como fórmula para aportar mayor confianza a los consumidores. Este requisito constituye una verdadera patraña y engaño a los mismos pues incluye una declaración del ganadero indicando que los animales no presentan síntomas de una lista de enfermedades, la mayoría de las cuales son desconocidas para los ganaderos y que no tienen obligación de conocer. Este papel mojado, absolutamente injustificado e inservible supone al sector ganadero español más de 19 millones de Euros anuales.
Además, desde su puesta en marcha en enero de 2001, este certificado obligatorio para el sacrificio de bovinos, ovinos y caprinos, se ha demostrado totalmente ineficaz en su objetivo, puesto que no aporta ninguna garantía adicional en el control de la enfermedad de las vacas locas (EEB) y por lo tanto es inútil que se mantenga. En este sentido, UPA vuelve a solicitar al Ministerio de Agricultura que elimine los errores del pasado retirando sin condiciones un certificado que sólo ha contribuido a aumentar la crispación en el sector ganadero nacional.
En cuanto a los Materiales Especificados de Riesgo (MER) retirados en mataderos y salas de despiece, cabe indicar que cuesta a los ganaderos anualmente aproximadamente 100 millones de Euros anuales. De igual modo, la retirada de los cadáveres de explotación, dejados en manos de un seguro, aparte de un coste económico importante, está amenazando seriamente la bioseguridad de las explotaciones ganaderas al no exigirse requisitos estrictos y definidos a las empresas privadas dedicadas a la recogida.
UPA ya ha insistido en estos aspectos a los más altos responsables de la Agencia de Seguridad Alimentaria española que es el organismo del Ministerio de Sanidad con gran responsabilidad en estos temas. Así mismo, instamos al Ministerio de Agricultura a que siga de cerca los temas relacionados con los MER que actualmente se están debatiendo en Bruselas, negociando el aumento de la edad de retirada de la columna vertebrar en condiciones favorables a los ganaderos, con unas garantías suficientes de Seguridad Alimentaria para los consumidores y garantizando sistemas de recogida sanitariamente seguros a las explotaciones españolas.
UPA