La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) lleva exigiendo al Ministerio de Agricultura la suspensión del certificado veterinario que es obligatorio para el sacrificio de bovinos, ovinos y caprinos, desde su implantación el pasado mes de enero. En este sentido conviene recordar que la organización interpuso en el mes de febrero un recurso ante la sala del Tribunal Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la citada normativa porque perjudicaba gravemente a los ganaderos, aunque el tribunal aún no se ha pronunciado.
UPA considera que durante los nueve meses de vigencia se ha demostrado que el certificado resulta totalmente ineficaz en su objetivo puesto que no aporta ninguna garantía en el control de la enfermedad de las vacas locas (EEB) y por lo tanto es inútil que se mantenga.
UPA considera prioritario que el nuevo Real Decreto que regulará la vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales – que sustituirá al R.D 3454/2000 de diciembre y que se encuentra en fase de borrador- suprima la obligatoriedad del requisito nacional, que no figura en la normativa comunitaria y que no ha aportado seguridad alimentaria alguna, ni ha mejorado los sistemas de control, pero sí ha supuesto un aumento de la burocracia y de los costes que soportan los ganaderos. Como media, se están cobrando 2.500 pesetas por certificar un animal bovino.
Por consiguiente UPA ha vuelto a solicitar al Ministerio de Agricultura que elimine los errores del pasado retirando sin condiciones un certificado que sólo ha contribuido a aumentar la crispación en el sector ganadero nacional.
UPA
