La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-A), va a plantear al sector industrial de mataderos andaluces la realización conjunta de un paro general durante el mes de enero para protestar por la decisión del Ministerio de Agricultura de imputar a los consumidores a partir del próximo año los costes generados por la destrucción de las harinas cárnicas y de hueso, prohibidas por la Unión Europea y que hasta ahora se habían realizado a cargo de los presupuestos del MAPA. Esta actuación planteada por UPA a nivel nacional responde al convencimiento de que los costes recaerán finalmente en los ganaderos y en los mataderos. El sobrecoste planteado podría suponer entre 4 y 8 pesetas por kilo de carne.
El número de animales sacrificados en un año en Andalucía supera una media de 16.246 cabezas. Pero no debe olvidarse que las harinas de carne y hueso engloban a sectores tan importantes en nuestra Comunidad Autónoma como ovino-caprino, porcino, aves, equinos y conejos.
UPA considera que dado que la retirada y destrucción de las harinas de carne y hueso, en tanto su relación directa con la enfermedad de las «vacas locas»(EEB), es un problema de Salud Pública, debe ser financiado con dinero público. Sería el primer problema sobre Sanidad Humana en el que se pretende corresponsabilizar al sector ganadero. UPA entiende que el Acuerdo Marco para la competitividad y normalización de la cadena alimentaria propuesto por Agricultura trata exclusivamente de hacer responsables a los distintos segmentos de la cadena cárnica de una crisis que no tiene respuesta presupuestaria por parte del Estado.
UPA estima que es imprescindible que la Administración General del Estado financie además de las harinas la retirada de Materiales Especificados de Riesgo (MER) en mataderos y salas de despiece y la retirada de los cadáveres de la explotación, cuestiones que está pagando total o parcialmente el ganadero. Es inadmisible que el cumplimiento de las normativas europeas en materia de EEB, aspectos fundamentales para impedir el consumo de materiales contaminados que propaguen la enfermedad en humanos, tengan que ser financiados en gran parte por los ganaderos.
Respecto del contrato tipo homologado planteado por el MAPA, UPA piensa que hay que separar las ventajas que tiene el establecimiento del mismo de cara a aportar transparencia y claridad al mercado, de la financiación de las harinas de carne. Es inadmisible y supone un claro chantaje ligar el establecimiento de un contrato tipo, aspecto positivo para el sector, con la legitimación de toda la política hecha por el Ministerio de Agricultura en materia de EEB.
Para UPA, debe existir un contrato tipo que regule los intercambios entre los ganaderos y/o tratantes y las industrias cárnicas, porque dará mayor transparencia a este mercado y evitará en cierta medida la gran discrecionalidad que sucede en los tratos según el agente que lleve el animal a matadero. Sin embargo, desde UPA no se ve claramente cómo este contrato garantiza al ganadero que no se le están repercutiendo los costes de las harinas de carne y otros relacionados con la EEB.
UPA no suscribe el Acuerdo Marco propuesto y establece que la solución a todas las partidas presupuestarias relacionadas con la Salud Pública deben provenir de dinero público. Parece claro que desde el sector productor no se esté de acuerdo con un documento que ni siquiera la industria cárnica suscribe, siendo ésta la que debe repercutir los costes a la distribución para que después lo pague el consumidor.
UPA-Andalucía