La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra las empresas de productos petrolíferos y la asociación que las agrupa, por alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia, mediante engaño y utilización de información privilegiada.
UPA presenta esta denuncia como consecuencia del acuerdo alcanzado en este sentido hace unas semanas por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, tras la decisión del Fiscal General de Estado de paralizar el proceso abierto durante los últimos dos años por la Fiscalía Anticorrupción, para analizar el comportamiento de las empresas petrolíferas en la fijación de precios de los carburantes y el funcionamiento de la competencia en el mercado.
La denuncia pretende, por tanto, que no se pierda el trabajo realizado por la Fiscalía Anticorrupción, y para ello, junto a los hechos denunciados, UPA reclama también que la Audiencia Nacional requiera la totalidad de las diligencias efectuadas por la Fiscalía, así como los expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia a REPSOL y CEPSA, y las actuaciones practicadas previamente por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
UPA incluye en su denuncia a las empresas Petronor, Repsol Ypf, S.A. Repsol Petroleo, S.A., Cepsa, Bp Oil España, S.A., Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., Cepsa Estaciones de Servicio, S.A., y Compañía Logística De Hidrocarburos, S.A. (CLH). Asimismo, la denuncia incluye a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), junto a las empresas que la forman, que además de las ya mencionadas son: Agip España, S.A., Esso Española, S.A., Kuwait Petroleos España, S.A., Oil Invest España, S.A., Petrogal Española, S.A., Shell España, S.A., Total Fina España, S.A., y Saras Energia, S.A..
Los argumentos jurídicos de la denuncia de UPA hacen referencia a todas las normas -desde la Constitución a las leyes específicas- relativas al funcionamiento del libre mercado y el respeto a las reglas de concurrencia, una vez constatado, según UPA, "que las empresas denunciadas a través del engaño permanente y el uso de información privilegiada de que sólo ellas podían disponer, han producido graves perjuicios ilegítimos a los consumidores españoles en general y a los pequeños agricultores y ganaderos en particular, forzados a pagar precios superiores por los carburantes a los que habrían satisfecho de no existir estas prácticas."
Unos argumentos que se centran inicialmente en el periodo de fuertes subidas de precios de los carburantes de 1999 y 2000, pero que UPA extiende también hasta la actualidad, como se demuestra con un análisis incorporado a la denuncia sobre la evolución paralela, claramente desigual, de los precios del petróleo y los carburantes entre febrero de 2000 y marzo de 2002.
Los argumentos jurídicos de UPA van acompañados de una serie de informes que evidencian las prácticas irregulares de las empresas petrolíferas, tanto en relación con la fijación de los precios de los carburantes como en la falta de libre concurrencia en la distribución a los consumidores finales, por la altísima concentración empresarial de este mercado.
Según UPA, "confiamos en que las actuaciones de la Justicia permitan de una vez por todas, acabar con este tipo de actuaciones, cuyo perjuicio se extiende a toda la sociedad española y especialmente a aquellos sectores profesionales que, como en el caso de los agricultores y ganaderos, tienen en los combustibles un medio de producción determinante para su actividad".
Upa