Nota de UPA
El proyecto de Ley de Arrendamientos rústicos aprobado el viernes por el Consejo de Ministros pretende dotar de mayor flexibilidad las operaciones de arrendamiento, para ello propone entre otras cuestiones una reducción de la duración mínima en los contratos de 5 a 3 años.
UPA considera que la propiedad y el uso de las tierras agrarias, y en particular el tratamiento normativo sobre arrendamientos rústicos reviste una gran importancia desde el punto de vista de las estructuras productivas, sociales y territoriales de la agricultura española. Por dicho motivo y por la trascendencia que lleva implícita, cualquier propuesta de modificación de dichos aspectos debe ser tratada con gran cautela y precedida de un amplio debate en el que por supuesto deben participar plenamente las Organizaciones Profesionales Agrarias, debate que hasta el momento no se ha producido, ya que no han sido convocadas a ninguna reunión por parte del Ministerio de Agricultura.
Dado que desde la última reforma de la Ley de Arrendamientos, producida en 1995, se ha registrado un fuerte incremento de los arrendamientos, no consideramos necesaria en estos momentos llevar a cabo una profunda reforma en este sistema. Por lógica, las reformas legales son necesarias cuando se produce un mal funcionamiento de las normas vigentes o nos encontramos con situaciones obsoletas y fuera de la realidad actual, pero este no es el caso.
Por otro lado, está demostrado que normativas que han propugnado también una mayor liberalización de suelos no han motivado un descenso en los precios de las tierras sino todo lo contrario, lo cual quiere decir que son multitud de factores los que influyen en la definición del precio. Por ejemplo, la influencia que tienen los distintos mecanismos emanados de la Política Agraria Común (PAC), tales como derechos, cuotas, pagos compensatorios, etc, y su mercado correspondiente, influyen de una manera más decisiva en el precio de las tierras agrarias.
El Proyecto de Ley persigue ante todo un cambio en profundidad de las bases estructurales y sociales de la agricultura y ganadería española. El Ministerio de Agricultura tiene por objetivo lograr una agricultura en la que tengan preferencia las personas jurídicas privadas, especialmente las sociedades mercantiles, frente a las explotaciones individuales, fomentando y apoyando aquel tipo de empresas frente a las explotaciones familiares. Por tanto, UPA estima que lo que se pretende llevar a cabo es una profunda reforma en nuestra agricultura con graves perjuicios sociales, territoriales y medioambientales en los que los grandes perjudicados serán las pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar.
Para UPA, a pesar de que la falta de relevo generacional y el progresivo envejecimiento de la población activa agraria constituyen uno de los mayores problemas en nuestra agricultura, el contenido del proyecto, en especial en lo que se refiere a la reducción de la duración mínima de los contratos de 5 a 3 años, va a dificultar las finalidades perseguidas para rejuvenecer el campo español por falta de un plazo mínimo para poder amortizar las inversiones de incorporación. Además, es preciso tener en cuenta que en los programas de incorporación de jóvenes a la agricultura se exige su compromiso en ejercer la actividad agraria durante cinco años, y por lo tanto ese período debería ser el mínimo a fijar en un contrato de arrendamiento.
Otro de los grandes problemas estructurales de la agricultura española, en especial en determinadas regiones, reside en la escasa dimensión de las explotaciones. En este sentido el objetivo a perseguir, según UPA, debería ser el dar prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones para que puedan incrementar su dimensión de tal manera que se facilite aumentar su viabilidad económica y por tanto su eficiencia y competitividad. Sin embargo, para UPA, el contenido del Proyecto de Ley favorece en especial a la figura del arrendador frente al arrendatario, limitando a éste tanto en condiciones como en plazos u otras cuestiones.
UPA