La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), rechaza de manera contundente la propuesta del Ministerio de Hacienda que fue aprobada ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de gravar con un nuevo impuesto el consumo de carburantes (gasolinas y gasóleos) en 4 pesetas litro para toda España, al que habría que añadir 0,64 pesetas por la repercusión del IVA. Este impuesto podría incrementarse hasta 1,6 pesetas más a discreción de las Comunidades Autónomas.
Ante esta perspectiva, UPA ha convocado una reunión urgente que se celebrará la próxima semana de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, (colectivo integrado por UPA, transportistas, taxistas, consumidores y otras organizaciones profesionales), para fijar una posición común ante este tema y promover las actuaciones necesarias entre las que no se descarta la posibilidad de movilizaciones.
Según el análisis de UPA, el impacto de este nuevo impuesto para el sector agrario alcanzaría en el primer año un coste superior a 15.000 millones de pesetas y podría llegar hasta los 28.000 millones de pesetas anuales al tercer año de vigencia.
UPA considera que esta decisión del Gobierno supone un nuevo golpe a la economía del sector agrario que aún no se ha recuperado de la crisis de los carburantes del año 2000 que significó unas pérdidas de 100.000 millones de pesetas. Por otra parte el incremento del precio del gasóleo que está ligado directamente a los costes de producción de los agricultores y ganaderos repercutirá negativamente en el precio de los alimentos con el encarecimiento de los mismos y su impacto en el aumento del IPC.
La organización agraria estima que la nueva recaudación no se va a destinar a incrementar las partidas sanitarias negociadas entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, sino que únicamente servirá para reducir las transferencias que el Gobierno central tenga que realizar a cada Autonomía en materia sanitaria.
Para UPA no parece lógico buscar financiación para la Sanidad a través de impuestos indirectos, cuando estos gravan especialmente a distintos colectivos y profesionales, entre los que destaca el sector productor agrario, poniendo en peligro su competitividad y permanencia en el mercado.
UPA apuesta porque las nuevas necesidades presupuestarias en materia sanitaria se recauden a través de impuesto directos, que son en todo caso mucho más justos, ya que aporta más quine más tiene y no como ocurre con la propuesta del Gobierno que castiga a quienes necesitan consumir carburantes para poder ejercer su actividad profesional.
Por otra parte, UPA acusa al Gobierno de introducir nuevos agravios comparativos entre el mundo rural y el mundo urbano, y entre unas comunidades autónomas y otras, ya que en amplias zonas de España la única alternativa de transporte es el vehículo privado, mientras que en las zonas urbanas existen alternativas como el transporte público.
UPA