La organización considera que la propuesta dibuja el peor de los escenarios posibles ya que el incremento lineal del 2% de las cuotas consolidadas de cada país amplía aún más las diferencias existentes entre países y pone en serio riesgo la viabilidad de las explotaciones ganaderas españolas y al sector lácteo nacional.
La práctica liberalización de las cuotas lecheras en el año 2014 afectaría sobre todo a las pequeñas explotaciones que no podrán alcanzar el nivel económico y de viabilidad que exigirá la liberalización del mercado lo que podría provocar la desaparición de la mitad de las explotaciones lecheras que actualmente apenas llegan a 30.000.
La asignación a España de sólo 120.000 nuevas toneladas con un déficit de producción de 3 millones de toneladas, frente a Francia con 502.000 o Alemania con 577.000 representa un claro agravio comparativo porque se potencia la producción en países claramente excedentarios, mientras que España seguirá arrastrando un déficit histórico que se agrava si tenemos en cuenta que la población española ha aumentado significativamente y el porcentaje entre producción y consumo supera el 40%. España ocupa el puesto 24 (UE 25) después de Malta en el porcentaje de cuota láctea por habitante y año.
El escenario dibujado por la propuesta de la Comisión es muy preocupante ya que si el sistema de cuotas desparece definitivamente en 2014, España perderá competitividad con respecto al de la UE, incluso en el supuesto de que se prorrogara el actual sistema de cuotas por el fuerte diferencial entre la producción asignada y el consumo interno. La propuesta por tanto es muy perjudicial tanto para el sector lácteo español como para los consumidores.
UPA defiende un incremento de cuota a los países que no lleguen a cubrir su consumo interno y la prorroga del sistema actual de cuotas más allá del año 2014. Si la propuesta de la Comisión sale adelante la organización planteará un recurso e impugnará la reforma ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por considerarla contraria a derecho, claramente discriminatoria entre países y gravemente perjudicial para los ganaderos que tendrían que costear gran parte de la reestructuración por lo que además solicitaría las indemnizaciones correspondientes.
UPA