Desde el año 2002, UPA ha venido denunciando que el coste de la retirada, el transporte y la destrucción de los MER generados en mataderos y salas de despiece, está siendo repercutido al ganadero, apareciendo este coste incluso reflejado en la factura. Los ganaderos españoles han estado gastando desde entonces 100 millones de euros al año.
Por ello, UPA considera que los ganaderos de vacuno, ovino y caprino llevan años pagando un “impuesto revolucionario”, lo que junto con otros factores ha afectado seriamente a la viabilidad de nuestras explotaciones, como demuestra el hecho de que en los últimos años han desaparición gran cantidad de pequeñas y medianas explotaciones en nuestro país. La situación ha llegado al extremo de que los mataderos han cobrando arbitrariamente a cada ganadero, independientemente de la comunidad autónoma en la que estuviera e incluso de qué tipo de ganadero fuera.
La ilegalidad de este cobro al ganadero de los costes derivados de la retirada, el transporte y la destrucción de los MER es una de las reivindicaciones históricas de UPA, pero una vez que la Comisión Sandach se ha pronunciado nuestra preocupación es cómo se va a llevar a cabo este mandato.
Aún reconociendo la gran importancia de la nota de la Comisión Sandach para nuestros afiliados, desde UPA consideramos fundamental asegurarnos a través de desarrollo normativo que la decisión tomada va a ser efectiva en la realidad y nunca más se va a repercutir el coste a los ganaderos.
En este sentido, UPA ha remitido una carta a la Secretaría de la Comisión Nacional de subproductos de Origen Animal No destinados a Consumo Humano, urgiendo a que convoquen a los agentes implicados para desarrollar en detalle el modo de dar un cumplimiento exhaustivo al mandato de la Comisión Sandach.
UPA