Por ello la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) defiende la gestión pública de este recurso con el fin de garantizar el acceso a la misma de toda la sociedad y en particular de los agricultores.
Las políticas tradicionales de gestión de los recursos hídricos no sirven para resolver los problemas existentes. Para la organización es necesaria una nueva cultura del agua, con una gestión eficiente y un uso equitativo desde el aspecto social y sostenible desde el ambiental que haga compatible la actividad económica con la conservación del medio ambiente.
UPA reclama una serie de puntos esenciales en los que se debe basar la “nueva cultura del agua para los agricultores”:
– Una planificación hidrológica sostenible, basada en políticas de gestión de la demanda realista y que contemple aspectos básicos como las necesidades de abastecer las poblaciones, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las actividades productivas, en especial las agrarias.
– Ante situaciones de restricciones en el recurso agua (ya sea por sequía, acuíferos sobreexplotados u otras) junto con el principio de sostenibilidad , se debe aplicar el de equidad social, incluyendo criterios a la hora de repartir la escasez tales como tamaño de las explotaciones, rentabilidad de los cultivos, profesionalidad de los agricultores, etc.
– La modernización del medio rural a través de políticas en regadío que promuevan el mantenimiento de la población y el desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadería, priorizando las explotaciones de carácter familiar.
– El rechazo a la mercantilización de los precios del agua, puesto que se trata de un recurso limitado e insustituible para la vida y el acceso a la misma es un derecho básico de todos los ciudadanos que no puede ni debe someterse únicamente a las leyes especuladoras del mercado. Por ello UPA reclama la supresión de los artículos de la Ley de Aguas referidos a la “compra-venta” de los derechos de concesión del uso del agua y como alternativa se propone la urgente puesta en marcha de los “bancos públicos del agua” que sirvan para reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
– La democratización de la planificación y la gestión de las políticas del agua, ampliando la participación por parte de las organizaciones profesionales agrarias en los diferentes órganos de las Confederaciones Hidrográficas y dotando de mayor democracia a las comunidades de regantes.
– Aplicación de la excepcionalidad contemplada en la Directiva comunitaria de aguas en cuanto al principio de recuperación de costes, estableciendo consideraciones sociales, ambientales y económicas, aplicadas especialmente al sector agrario y en concreto a las explotaciones de carácter familiar.
La necesidad de aumentar la eficiencia en el uso del agua es una reclamación de toda la sociedad, y la política hidráulica debe atender esa demanda social.
Los sistemas de riego son construidos y explotados para el beneficio del regante, por tanto, cualquier modernización y mejora debería tener pleno conocimiento y cooperación del mismo, es decir, remarcar el carácter “participativo y transparente” que debe poseer cualquier plan de modernización de regadíos.
Como conclusión, UPA demanda a las diversas administraciones implicadas directa o indirectamente en las políticas referentes a los recursos hídricos, que velen no sólo por la búsqueda de una acciones rentables económicamente, sino también que sean justas socialmente, sostenibles ambientalmente y equilibradas territorialmente
UPA