UPA entiende que es necesario establecer «orden» dentro del conjunto de explotaciones de vacuno, pero la forma de hacerlo que propone el documento aportado es absolutamente inadmisible por las razones que a continuación se detallan.
En primer lugar, el proyecto propuesto es antisocial, en tanto en cuanto trata igual a todas las explotaciones sin tener en cuenta ni su tamaño ni su modo de producción. UPA considera que aspectos tan importantes como la contaminación del medio ambiente, por ejemplo, deben ser contemplados en función directa del tamaño de la explotación y de su grado de intensificación y ambos aspectos deberían condicionar de manera decisiva las exigencias requeridas en materia de distancias, infraestructura sanitaria y medio ambiente.
El borrador propuesto no respeta la ganadería territorial al no salvaguardar los intereses de las pequeñas y medianas explotaciones de vacuno de carne y de leche asentadas en zonas de montaña y desfavorecidas, que son las que generan empleo y desarrollo en el medio rural. A éstas, que representan más del 95% de las explotaciones en España, se les exige una serie de requisitos para los que no se contempla financiación alguna, lo que va a suponer la desaparición de muchos ganaderos y un importante ahorro presupuestario para el gobierno.
Por otra parte, el citado borrador obstaculiza el crecimiento y la modernización de las explotaciones ya existentes porque cualquier modificación de las mismas obliga a cumplir ciertas exigencias en materia de distancias entre granjas y de registro de las mismas que no están al alcance de los productores, lo que impedirá tener explotaciones viables y realmente profesionales. Además, limita la incorporación de jóvenes de forma significativa ya que sólo se podrán mantener como están las explotaciones ya existentes siempre que no se sometan a ninguna mejora.
En definitiva, la propuesta aportada es discriminatoria con las explotaciones familiares de vacuno de carne y de leche españolas, grava con nuevos impuestos al sector productor e imposibilita su crecimiento y modernización hipotecando su viabilidad actual y futura. En este sentido, UPA reclama que la ordenación referida se realice con criterios sociales asegurando la supervivencia de las explotaciones familiares asentadas en las zonas rurales.
UPA