Para reclamar una solución definitiva para todos los acuíferos del Alto Guadiana y salvar el Acuífero 23.
La campaña, que lleva por lema “En defensa de nuestros pueblos, por un acuífero vivo, por una agricultura rentable” es fruto del acuerdo alcanzado hace unos días en Tomelloso, donde ambas organizaciones agrarias coincidieron en plantear una movilización social para reclamar con urgencia la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana con recursos suficientes para restaurar el estado hidrológico y medioambiental del acuífero 23 y solucionar la angustiosa situación que viven los miles de regantes de esta zona por las multas y la falta de agua.
Las dos Organizaciones denuncian que, hasta ahora, las únicas “actuaciones de política hidráulica” que han llegado hasta la Cuenca Alta del Guadiana para paliar su déficit hídrico han sido los expedientes de multas y de cierre de pozos y que esta situación contrasta muy vivamente con lo que se ha hecho para solucionar el mismo problema en otras regiones, derogando trasvases o aprobando trasvases según conviniera e inyectando cuantiosas inversiones públicas en infraestructuras.
UPA y COAG-IR pretenden con su campaña de recogida de firmas que los ciudadanos de esta región denuncien que esa solidaridad que Castilla-La Mancha ha tenido a lo largo de todos estos años con otras Comunidades Autónomas constituye una deuda que tiene el Estado con los castellano-manchegos y que es ya hora de que se salde. Para ello, en opinión de ambas organizaciones, se debería poner en marcha con urgencia el Plan Especial del Alto Guadiana, que por Ley tendría que haber estado ya en funcionamiento desde hace casi cuatro años. Tanto UPA como COAG-IR comparten los ejes básicos que deben regir dicho Plan, que debe contar con los suficientes recursos hidráulicos y financieros para recuperar los humedales manchegos, con el esfuerzo de los agricultores y con recursos del trasvase Tajo-Segura. Es necesario priorizar a las explotaciones familiares (agricultores profesionales y pequeñas explotaciones), así como a los cultivos leñosos y hortícolas de carácter social. Además ambas organizaciones reivindican la democratización de las comunidades de regantes, así como la creación de un Fondo Social del Agua para los jóvenes que se incorporen. Finalmente se plantea la compra de agua por parte de las Administraciones para contribuir al ahorro, junto con la solución a las sanciones y un control exhaustivo de las extracciones una vez conseguido el consenso
COAG CLM