Nota de prensa de UPA:
La Unión Sectorial de Avicultura reunida en Madrid confirma el éxito en el seguimiento de la huelga superior al 90 %, a pesar de las presiones, amenazas y listas negras de las empresas integradoras y la actuación de la Guardia Civil.
Mientras que el Gobierno ha puesto a la Guardia Civil a favor de los intereses de las empresas integradoras, los granjeros mantienen la huelga indefinida como única salida a las prácticas de usura mantenidas por las empresas integradoras durante muchos años.
Aunque el día 27 de marzo de 2001, el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firmó un Acuerdo Marco con las empresas integradoras y los granjeros, en el que las tres partes se comprometían a establecer unas bases económicas mínimas para el desarrollo adecuado del sector, tras 17 días de paro la amistad y los favores prestados por el presidente de la patronal, con altos responsables de la Administración, está provocando que los agentes de la Guardia Civil, estén desarrollando actuaciones ajenas a su misión impidiendo el derecho constitucional del paro.
Ante esta situación la UPA ha remitido una carta al Ministro del Interior, informándole de las actuaciones de la Guardia Civil y pidiendo que desde su Ministerio no se coarte la libre elección constitucional de los granjeros.
Según las estimaciones de la UPA y la PAE, durante estos 17 días de huelga se han dejado de producir casi 28 millones de pollos, lo que supone unas pérdidas acumuladas de más de 21 millones de euros
Para UPA y la PAE, los empresarios del sector del pollo pretenden seguir manteniendo unas relaciones económicas “feudales” con los granjeros, lo que está provocando una crisis sin precedentes y el cierre de cientos de granjas familiares. Además la negativa de la patronal a firmar un contrato tipo homologado sólo busca mantener la opacidad en el mercado para que los consumidores no conozcan los brutales márgenes comerciales que obtienen estos empresarios sin “escrúpulos”. Por ofrecer un ejemplo, mientras que los productores de pollos reciben 0,11 €uros por kilo por parte de las empresas integradoras, los consumidores pagan 2,5 €uros por kilo, lo que representa unas márgenes comerciales claramente abusivos y refleja unos niveles de “usura” por parte de los empresarios que para UPA y la PAE podrían constituir un presunto delito económico perseguible de oficio por los tribunales de justicia.
UPA