La Comisión Ejecutiva Federal de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), reunida ayer en Madrid, y la Plataforma Avícola Estatal (PAE), han decidido continuar con la huelga indefinida de los granjeros de pollos en las principales zonas de producción del territorio nacional cuando se cumplen 3 semanas desde el inicio del paro y amenazan con radicalizar sus actuaciones si la patronal de las empresas integradoras sigue negándose a negociar y llegar a un acuerdo para normalizar las relaciones con los granjeros de pollos a través de un contrato tipo homologado, como se da en otros sectores de producción.
Las dos organizaciones reiteran su voluntad de negociar un acuerdo digno que acabe con las prácticas de usura mantenidas por las empresas integradoras durante muchos años y exigen de una vez por todas que el Ministerio de Agricultura intervengan de forma urgente e inmediata para obligar a la patronal a que cumpla el Acuerdo Marco firmado con los granjeros y el propio MAPA, el 27 de marzo de 2001 y donde se comprometían a establecer unas bases económicas mínimas para el desarrollo adecuado del sector.
La Comisión Ejecutiva de UPA ha exigido también al Ministerio del Interior que «cesen las actuaciones de la guardia civil a favor de la patronal empresarial, ya que están desarrollando actuaciones ajenas a su misión y están impidiendo ejercer libremente a los granjeros de pollos un derecho constitucional como es el de huelga».
Para UPA y la PAE, los empresarios del sector del pollo pretenden seguir manteniendo unas relaciones económicas «feudales» con los granjeros, lo que está provocando una crisis sin precedentes y el cierre de cientos de granjas familiares. Además la negativa de la patronal a firmar un contrato tipo homologado sólo busca mantener la opacidad en el mercado para que los consumidores no conozcan los brutales márgenes comerciales que obtienen estos empresarios sin «escrúpulos».
» Por ofrecer un ejemplo, mientras que los productores de pollos reciben 0,11 euros por kilo por parte de las empresas integradoras, los consumidores pagan 2,5 euros por kilo, lo que representa unas márgenes comerciales claramente abusivos y refleja unos niveles de usura por parte de los empresarios que para UPA y la PAE podrían constituir un presunto delito económico perseguible de oficio por los tribunales de justicia», declara la organización.
UPA