La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), denuncia la despreocupación absoluta que muestra el Ministerio de Agricultura ante los problemas que como consecuencia de la crisis de las vacas locas padecen más de 200.000 familias españolas dedicadas al ganado vacuno. Frente a la presentación de un paquete de nuevas medidas de apoyo con su consiguiente dotación presupuestaria en Francia, el gobierno español da por zanjada la crisis cuando ni siquiera ha puesto en marcha las insignificantes medidas de apoyo aprobadas el pasado mes de mayo.
Para UPA aunque hace casi un año que apareció la primera vaca enferma en nuestro país, la mayoría de los problemas que tenían los ganaderos españoles en aquel momento lejos de resolverse se han agravado e incluso han aparecido otros nuevos con el paso del tiempo.
La renta de nuestros ganaderos de vacuno sigue sin recuperarse consecuencia de los bajos niveles de precios existentes en origen, aunque no se han repercutido en una bajada de precios para el consumidor. UPA destaca las especiales dificultades que tiene en este sentido el subsector productor de terneros debido a que no puede repercutir los bajos precios que se arrastran a lo largo de la cadena por ser el último eslabón de ésta. Así, un ternero para vida puede venderse en 75.000 pesetas, frente a las 90.000 ó 100.000 pesetas que recibía un ganadero antes de la crisis.
UPA denuncia que mientras los ingresos de los ganaderos disminuyen, los gastos aumentan, ya que sigue corriendo por cuenta de los productores de vacuno el coste de retirada de MER en mataderos y salas de despiece (25.000 millones de pesetas anuales), el pago de los certificados veterinarios y además han de hacer frente al incremento del precio de los piensos que han crecido en los últimos meses en 4 pesetas por kilo.
Además, las medidas puestas en marcha desde Bruselas para paliar los efectos de la crisis se muestran ineficaces y no cumplen en absoluto con los objetivos planteados. A día de hoy, tenemos exclusivamente intervención para vacas mayores de treinta meses y si bien se permite el hecho de que los ganaderos individualmente puedan acceder a esta intervención, ocurre que la limitación a un mínimo de diez toneladas imposibilita que un ganadero individual pueda licitar en la práctica.
Y es que para reunir 10 toneladas es preciso ofertar una media de 40 vacas, cifra que corresponde a la reposición de un rebaño de 571 vacas de carne considerando una tasa media de reposición anual del 7%. Eso significa que sólo el 0,3% de las explotaciones de vacuno españolas pueden reunir la referida cantidad. UPA critica que con esta legislación el beneficio de la intervención es exclusivamente para los intermediarios del sector vacuno (tratantes y mataderos) y no para los productores que son los que realmente están sufriendo la crisis.
UPA insta al Ministerio de Agricultura para que no de carpetazo a una crisis que tiene todavía un largo recorrido y adopte medidas de solución para la grave problemática que sufren los ganaderos de vacuno españoles. Aunque la crisis de las vacas locas ya no sea objeto de interés "mediático", lo cierto es que la crisis no es algo ya pasado sino un problema con el que conviven más de 200.000 explotaciones familiares ganaderas.
UPA