A juicio de LA UNIÓ el traslado apresurado de colmenas en plena floración citrícola puede suponer la muerte por asfixia de un elevado porcentaje de colonias que tienen una densidad muy elevada de población y reservas. La Conselleria de Agricultura manifiesta así una vez más su “insensibilidad e ignorancia” hacia el sector apícola valenciano porque las abejas no son ovejas y el traslado es la actividad más delicada del manejo apícola, por lo que no se puede hacer de la noche al día. El problema se agrava todavía más, teniendo en cuenta que no hay una floración alternativa al azahar para que nuestros apicultores pudieran trasladar las colmenas con unas mínimas garantías de supervivencia.
El nuevo decreto de la pinyolà vuelve a limitarse a castigar inútilmente a los apicultores, sin justificación científica, ni económica y todavía se espera la autorización de la Unión Europea sobre la legalidad de las indemnizaciones asociadas a la prohibición. Se adeuda así a los apicultores valencianos más de 6 millones de euros correspondientes a la indemnización de la pinyolà del pasado año y no está claro si finalmente podrán cobrarla.
Es el noveno año consecutivo que se aprueba y se repite el mismo decreto de la “pinyolà”, lo que demuestra la falta de imaginación e iniciativas de la Conselleria de Agricultura para solucionar el problema de la aparición de semillas en determinadas variedades de mandarinos, algo que se arrastra desde hace quince años. Hace más de una década que esta organización viene reclamando soluciones reales que pasan por la reordenación de las plantaciones citrícolas presentes y futuras
La normativa clonada durante los últimos nueve años es injusta porque continúa permitiendo los tratamientos fitosanitarios en plena floración, condenando inútil y cruelmente a las abejas y a otros sectores de la agricultura, al ecosistema y a la biodiversidad por el déficit claro de insectos polinizadores que provoca. Sigue sin corregir los errores que arrastra desde su creación, entre ellos persistir en un modelo fracasado de asentamientos autorizados y mantener una disposición adicional inaplicable en apicultura al no ser una actividad nociva como se pretende allí.
Josep Botella, secretario general de LA UNIÓ, afirma que “el nuevo decreto puede suponer la puntilla para los apicultores valencianos que están inmersos en una profunda crisis sanitaria y de mercado. Es urgente que la Generalitat aplique soluciones definitivas a un problema que se arrastra desde hace más de quince años con falsas promesas que nunca se han llegado a concretar”.
LA UNIÓ-COAG