Durante los últimos meses la exigencia del certificado había quedado suspendida, lo que irritó únicamente al Colegio de Veterinarios, ya que obviamente la supresión de este requisito hacía perder ingresos a los veterinarios que firmaban estos documentos, “un trámite que se realiza sin ver si quiera a los animales, lo que es bastante ilustrativo de su total ineficacia”, subraya ASAJA.
Sin embrago, mientras que el Colegio de Veterinarios se ha empleado a fondo para defender los intereses crematísticos de sus asociados, el Estado se ha olvidado de defender la causa de los ganaderos, y, dados los resultados, la defensa jurídica de la Administración ha afrontado la causa con total desidia, a pesar de tener la razón de su lado.
El resultado: estos días los mataderos están empezando a pedir de nuevo el insustancial certificado veterinario, para alegría de los veterinarios, que vuelven a ampliar sus honorarios, y lamento de los ganaderos, a los que de nada sirve tener la razón en un tema injusto.
Los profesionales de la ganadería son los primeros interesados y comprometidos con la seguridad alimentaria, y no les importa tener que cumplir escrupulosamente todos los requisitos posibles para ello; otra cosa es mantener medidas como el certificado veterinario, inútil lavado de imagen que, a la postre, es sólo un “impuesto revolucionario” pagado por el ganadero, sin sentido alguno.
Por ello, ASAJA recuerda al Gobierno su obligación de cambiar, de un modo irrebatible y diáfano, sin posible vuelta judicial, una normativa que nunca debió aprobarse.
ASAJA