En el Día Mundial del Agua, WWF/Adena denuncia que el uso ilegal del agua en España está afectando a toda la sociedad, al contribuir a la degradación del medio ambiente y reducir la cantidad y calidad de este recurso para los usuarios legales: empresas de abastecimiento, regantes, industrias y particulares. WWF/Adena insta al Ministerio de Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas a que afronten de manera decidida este problema.
En España existen aproximadamente 510.000 pozos ilegales. Esta cifra implica que cada año se extraen ilegalmente al menos 3.600 hm3 de agua subterránea, lo que equivale a más del consumo medio anual de todos los habitantes de España y Portugal. Esto significa que casi la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad. Con este agua se riega aproximadamente la sexta parte de los cultivos de regadío en España, numerosos campos de golf y se alimenta un desarrollo urbanístico desaforado.
En enero de 2006, una propuesta de modificación de la Ley de Aguas elaborada por un Grupo de Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente causó mucho revuelo por promover una ‘amnistía general’ para los pozos ilegales existentes. Sin embargo, mientras en los despachos del Ministerio se discute sobre cómo mejorar la legislación, la Ley en vigor sigue siendo ‘papel mojado’ para muchos empresarios. Aunque el problema de los pozos ilegales se observa en todas las cuencas, WWF/Adena destaca los casos del Guadiana (22.000 pozos ilegales frente a 16.000 legales sólo en La Mancha), Guadalquivir (10.000 pozos ilegales) y Segura (al menos 20.000 captaciones ilegales frente a 4.500 legales; 100.000 hectáreas ilegales en regadío).
El uso ilegal del agua es un problema que afecta principalmente al medio ambiente (ríos, humedales y acuíferos) y a los usuarios legales: empresas de abastecimientos, regantes, industrias y particulares que extraen agua para consumo doméstico, que se quedan sin agua mientras otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la Ley. En muchos casos, la disminución del recurso disponible va acompañada de una disminución de su calidad, los cultivos acaban ‘quemados’ por aguas cargadas en sales y algunas poblaciones se enfrentan al agua de boca contaminada con fertilizantes y pesticidas.
WWF/Adena insta al Ministerio de Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas a que afronten de manera decidida el uso ilegal del agua. Según WWF/Adena, es esencial que los responsables de la gestión del agua se dediquen más a la identificación y sanción de los usos ilegales del agua, empezando por aquellos que más esquilman los acuíferos. Además, se debe reforzar la responsabilidad de los usuarios legales en la gestión y vigilancia del uso del agua, reformando las Comunidades de Usuarios del Agua y promoviendo su formación y sensibilización en el uso racional del agua.
Las Comunidades Autónomas tienen la responsabilidad de atajar el problema desde la raíz. Por ello, han de perseguir los cambios de uso de suelo no autorizados (como ejemplo, la roturación de monte público para poner regadío) que, a menudo, van asociados a la búsqueda de fuentes ilegales de agua. Asimismo, tienen que elaborar planes de ordenación territorial que sean compatibles con los recursos disponibles en cada cuenca hidrográfica y establecer la legalidad del uso del agua como requisito obligatorio para el cobro de cualquier ayuda agraria.
Lucia De Stefano, Responsable de Política de Aguas de WWF/Adena, explica: “El agua es un bien de todos y la sociedad no debe tolerar que unos cuantos empresarios se enriquezcan infringiendo la Ley. Por ello, la Administración tiene que ser más eficaz y decidida a la hora de perseguir el uso ilegal el agua.” Y concluye: ”Las Comunidades Autónomas tienen la gran responsabilidad de atajar el problema desde la raíz, a través de su políticas agrarias y urbanísticas”.
En el acto de prensa se proyectaron las entrevistas concedidas por dos agricultores, una de ellas anónima, explicando las consecuencias que han sufrido por el uso ilegal del agua en su zona. También participó testigo del robo del agua un funcionario de una Confederación Hidrográfica
WWF/Adena