Las medidas que habían sido solicitadas por WWF/Adena como acusación particular han sido adoptadas por los juzgados de instrucción de Aranjuez (Madrid) y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) en terrenos de Aranjuez y Torre de Juan Abad y constituyen un gran paso en la erradicación de una práctica ilegal sumamente perjudicial para el medio ambiente.
En el primer caso, la medida de suspensión de la caza ha sido confirmada en dos cotos de Aranjuez por la Audiencia Provincial de Madrid, tras haber presentado un recurso los gestores de los acotados (la firma “Cotos y Cacerías Hermanos Molinero S.L.”), ante la primera resolución del Juzgado de Instrucción de esta localidad. La suspensión se basa en la inexcusable obligación legal de preservar la riqueza faunística, como base del derecho a la caza, rota, según todos los indicios, por la colocación de cebos envenenados por el guarda del coto, con utilización de medios (vehículo y otros) pertenecientes a la sociedad a la que se confirma la prohibición de gestionar derechos cinegéticos hasta la celebración del juicio. Hay que recordar que cuando se produjeron los hechos esta empresa gestionaba también la caza en la finca lindante Sotomayor, propiedad de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Villanueva de los Infantes ha admitido la medida cautelar interesada por la representación de WWF/Adena. Todo ello, tras haber visto los informes emitidos por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha en los que consta el hallazgo de 227 cebos envenenados en el coto Pozo Esteban (Torre de Juan Abad), colocados a instancias de dos miembros de la sociedad arrendataria. El veneno supone un peligro masivo para especies presentes en la zona como el águila imperial o el buitre negro.
Para Carlos Cano, responsable del proyecto contra el veneno de WWF/Adena: “Estas resoluciones suponen un avance de juzgados y fiscalías en la mejora de la eficacia penal contra esta práctica ilegal, que lleva a la extinción a nuestras especies protegidas.”. Y continua: “Es necesario la implicación de todos los sectores –incluyendo destacadamente a la justicia- para frenar la impunidad con la que esta práctica se desarrollado en los últimos años. Estamos convencidos de que la reciente creación de los fiscales de medio ambiente en las fiscalías provinciales supone ya un paso muy importante”.
El empleo de cebos envenenados ocasiona daños muy graves e indiscriminados en la conservación de la fauna amenazada. Debido a su carácter masivo y de gran efecto destructivo está tipificado como delito en el código penal y como infracción grave o muy grave en las leyes de caza o conservación de la Naturaleza. Es necesario concienciar a los responsables de la aplicación de la Ley (penal y administrativa) de la necesidad de acabar con la situación de impunidad que ha imperado para estas infracciones. Sin sancionar a los infractores no será posible hacer frente a uno de los mayores atentados que se cometen contra la naturaleza: el uso de cebos envenenados.
WWF/Adena