Tal como ha puesto hoy de manifiesto en la localidad sevillana de Los Palacios el responsable nacional de algodón de ASAJA, Emilio Gutiérrez, “se trata de la crónica de una muerte anunciada, que las administraciones, lejos de evitar, tan sólo han intentado disimular”.
Hace sólo 20 en años, en 1988, España contaba con 135.000 hectáreas de algodón, de las que 125.000 se sembraron en Andalucía. En ese ejercicio se recolectaron en nuestro país 383.000 toneladas, una cifra de producción muy alta, que incluso llegamos a superar en años posteriores, pues en 1999 la producción española alcanzó las 409.000 toneladas, estas cifras de producción se han mantenido mientras el algodón ha sido rentable, pero con la reforma de 2004 y la desaparición de la ayuda a la producción se certificó la muerte del cultivo, pese a que algunos se obstinaran en negarlo. Todas las “aventuras” puestas en marcha desde entonces sólo han servido para intentar tapar esta evidencia, perjudicando a los algodoneros y perpetuando la agonía del cultivo y de la industria desmotadora, que hoy carece de algodón para desmotar, pues en lo que va de campaña tan sólo han recibido 22.000 toneladas, una cantidad que no permite rentabilizar las 18 desmotadoras con que aún cuenta Andalucía.
A juicio del responsable de algodón de ASAJA, “el “paripé” montado por el Ministerio de Medio Rural y protagonizado por la Consejería andaluza de Agricultura tan sólo ha servido para “meter la mano” a destiempo en el bolsillo de los agricultores y para perder parte de la ficha financiera que podía haber llegado de Bruselas a los agricultores algodoneros y a sus respectivas comarcas si se hubiera desacoplado totalmente el cultivo”, esta falta de previsión provocó la pérdida de 6 millones de euros en la pasada campaña, de 10 en la presente y de más de 30 en la próxima. Unos fondos que en ningún caso vendrán ya a España ni al campo español.
La defunción del algodón español, la brutal reconversión del sector remolachero andaluz y las consecuencias del giro rigorista que se está perpetrando en Bruselas para dejar inerme a los agricultores en su lucha contra las plagas han sido los ejes sobre los que ha pivotado la XXI Jornada Técnica de Cultivos Industriales, Fitosanitarios y Desarrollo Rural que ha celebrado hoy ASAJA-Sevilla y en la que han participado más de medio millar de agricultores.
La jornada, patrocinada por la Caja Rural de Sur, fue inaugurada por el alcalde de Los Palacios, Antonio Maestre, y por el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, y contó con la intervención del director general de AEPLA, Carlos Palomar, el gerente del Grupo de Desarrollo Rural Adelquivir, José Antonio Navarro, el técnico responsable del área de remolacha de ASAJA-Sevilla, Antonio Caro, y el técnico responsable de algodón, Emilio Gutiérrez. Moderó el encuentro el secretario general de ASAJA-Sevilla, Miguel Afán de Ribera.
Junto al algodón, el otro cultivo industrial que generaba riqueza y empleo en la comarca del Bajo Guadalquivir era la remolacha, un cultivo que contaba en Andalucía con más de 45.000 hectáreas y del que vivían 7.000 agricultores. Tras la aprobación de la reforma de la OCM del Azúcar, en febrero de 2006, el cultivo se vio abocado a una reconversión brutal que ha provocado el cierre de tres de las cuatro azucareras que operaban en Andalucía y la reducción de su superficie en más de un 60%, hasta las 12.000 hectáreas.
No obstante, a juicio del técnico de ASAJA-Sevilla, Antonio Caro, “en el caso de este cultivo la Consejería de Agricultura ha mantenido una postura más realista y ha intentado encontrar la fórmula para garantizar un precio al productor que permita que al menos una fábrica siga operando en Andalucía”. Así, de las cuatro azucareras andaluzas ha quedado sólo la de Guadalete en Cádiz que cuenta con una cuota de azúcar de 77.000 toneladas que viene a ser el equivalente a 800.000 u 850.000 toneladas de remolacha.
El responsable de remolacha de ASAJA-Sevilla recordó que para la campaña de siembra que se inicia ahora en Andalucía, los remolacheros que quieran contar con la ayuda a la producción integrada deben inscribirse antes de que finalice el mes de noviembre en una API. Caro estima que para la campaña 2008-2009 la tonelada de remolacha puede alcanzar un precio final de 40,67 euros, lo que pese a la severa reducción de superficie, puede permitir la continuidad de este cultivo en la región.
Por su parte, el director de AEPLA, Carlos Palomar, expuso las trabas que desde hace algunos años plantea Bruselas a la autorización de fitosanitarios, productos fundamentales para combatir las plagas y obtener buenas cosechas.
En estos momentos se debate en el Parlamento Europea en segunda lectura un reglamento de comercialización de fitosanitarios que sustituye a la Directiva 91/414, que era la que regulaba el uso de estos productos. La propuesta inicial, muy rigorista, y redactada de espaldas al campo, se ha endurecido aún más tras su paso por la Eurocámara, y de aprobarse en los términos actuales supondrá una debacle para la agricultura mediterránea, que carecerá de sustancias activas para combatir las plagas.
Palomar puso de manifiesto la vulnerabilidad de los cultivos mediterráneos, propios de países con un clima cálido donde proliferan las plagas, por lo que los plaguicidas resultan insustituibles.
Tal como expuso Palomar, de las 900 sustancias activas con las que contaba un agricultor en 1993 ha pasado a contar con sólo 200 en 2008, y si se aprueba el reglamento que en estos momentos se debate en Bruselas, estas 200 pueden verse reducidas en un 60%. Los cultivos más afectados por la prohibición de materias activas son el algodón, la remolacha y en general, todos los cultivos hortofrutícolas.
Según el estudio de impacto que ASAJA ha remitido a los europarlamentarios la primera consecuencia directa de la aprobación de este reglamento sería la reducción de la producción de los citados cultivos entre un 50 y un 80%, lo que provocaría la pérdida de casi 95 millones de jornales y de hasta 6.170 millones de euros tan sólo en España.
Otros estudios europeos se centran en otras consecuencias, como el consiguiente incremento del precio de los alimentos, que en algunos casos, como en las frutas y hortalizas, subirían más de un 100%, y en la posterior desprotección del consumidor, que ante la falta de oferta local se vería obligado a recurrir a la importación de frutas, hortalizas y otros alimentos de terceros países, donde la normativa sobre fitosanitarios es mucho menos estricta, con lo que acabaríamos consumiendo productos con menos controles y con unos niveles de residuos mucho más elevados.
A juicio de Palomar, “la agricultura europea tiene todas las posibilidades para crecer y se trata de una excelente oportunidad que ninguna legislación errónea debería bloquear”.
Por último, tras la intervención del gerente del Grupo de Desarrollo Rural Adelquivir, José Antonio Navarro, que expuso las posibilidades que se abren para los agricultores en el nuevo programa de Desarrollo rural, clausuró la jornada el delegado provincial de Agricultura, Francisco Gallardo.
ASAJA