Banco de tierras

El Proyecto de Ley de Conservación de la Superficie Agraria Útil y del Banco de Tierras ya tiene la luz verde otorgada por el Consello de la Xunta de Galicia. El objetivo es alcanzar la recuperación de 200.000 Ha. agrarias en los próximos diez años, y la inspiración viene desde Francia como experiencia contrastada.
Problemas de rentabilidad: la Unión Sindical Agraria Gallega (USAG) reconoció en días pasados que la creación de un banco de tierras no solucionará los problemas más graves que afronta el campo gallego. Manifiestan que hubo empresas que contaron con suficiente extensión de terrenos y tuvieron que cerrar por problemas de rentabilidad. Como ejemplo, el Grupo Gaper o Ganadería Ares que disponía de terreno concentrado más que suficiente, y, cerraron porque non le salían los números, asegura uno de los mayores ganaderos de Galicia. El Presidente de la USAG le recordó a la Consellería de Medio Rural la promesa de resolver los problemas de rentabilidad; y, no ofrecer soluciones que no aportan nada.
Todo cambio que se realice en un sistema agropecuario debería de contar con un estudio previo y completo de la realizad socio-cultural de la propia tierra objeto de la Ley en cuestión. Normalmente, este tipo de cambios sería el resultado de la demanda del propio sector, es decir, de abajo hacia arriba. Las imposiciones que acompañan a esta Ley nos recuerdan los 250 años de políticas forestales impuestas y que no alcanzaron los fines económicos esperados por la sociedad rural.
Por otra parte, la estructura y la superficie tan variable de la propiedad en Galicia no facilita la agrupación de tierras. En primer lugar, porque la concentración parcelaria no está generalizada por todo el territorio de la Comunidad, sino, más bien, dispersa en muchos casos. La concentración parcelaria de tierras agrarias tiene la particularidad de que fue adaptada a cada zona concentrada, resultando incluso penosa para los propios interesados. Hay bastantes concentraciones con parcelas pequeñas, de 1.000 a 3.000 m², que no facilitan los trabajos de reunificación. En segundo lugar, el sentido de la propiedad está muy arraigado en la sociedad rural, y por lo tanto, los experimentos sin beneficios tienen poca cabida en el agro. Y, si aún por encima hablamos de penalizaciones para las tierras abandonadas, lo más normal es que se quede en lo que estaba. Por lo tanto, hablar de un objetivo-imposición de 200.000 Ha. parece más una utopía que una medida de promoción sostenible.
Los mensajes de la Administración en la prensa escrita muestran unas intenciones de intervencionismo en el sector agropecuario gallego. Para empezar, un gravamen por abandono, y después una multa de hasta 6.000 euros por riesgos de incendios, mezclando tierras agrarias con tierras forestales. Casi nada. Que hay tierras sin producción, y polo tanto ociosas resulta evidente. Que sean consideradas como abandonadas es otra cosa. En Galicia hablar de hierbas de 50 cm. sin cortar como síntoma de abandono no se ajusta precisamente a la realidad. En vez de promover alternativas sostenibles a los propios interesados, se pretende crear un Banco de Tierras para un destino incierto de posibles demandantes-beneficiarios de superficie agraria, a precios sin determinar ni reglar bajo la amenaza de imposición de sanciones… Menuda letanía. ¿Será para pastizales, para cultivos agrarios, para plantaciones de bio-combustibles…?
En ese inventario de tierras se pretende incluir sobrantes de concentración parcelaria, que son mínimos; de comunidades de montes en las que prescriba su titularidad, vana ilusión porque el derecho de propiedad en este tipo de propiedad germánica no prescribe; y, de las tierras cedidas por sus titulares. Reconocen, también, como ridícula la superficie de algunas parcelas que las hacen inoperativas para eses destinos, y, la fragmentación de muchas tierras de cultivo.
La Administración gestiona a través de consorcios y convenios unas 314.000 de las 608.000 Ha. de los montes de las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común. En algunas zonas de las provincias de Lugo y Ourense hay montes concertados con la Administración que están en situación de abandono y desaprovechamiento, incumpliendo por lo tanto las normas legales que predican la plantación, el cuidado y el aprovechamiento de esos montes. Además, no conozco ninguna de esas Comunidades administradas que tenga una gestión integral completa. Los manejos culturales de la gestión forestal, recogidos en la guía de las buenas prácticas, no son realizadas porque non hay cobertura presupuestaria para realizarlos, ni tampoco el propio monte es capaz de producir los rendimientos suficientes. Consecuencia evidente de la falta de rentabilidad de las especies forestales introducidas en el monte gallego. Un tercio de esas Comunidades de Montes pueden llegar a desaparecer, por lo menos temporalmente, en el corto o medio plazo, motivado en la mayoría de los casos por el abandono, ya secular, de la Administración; y por la falta de una política forestal sostenible. Hace 50 años ya se decía que había cierto interés en desanimar a la propiedad para que abandonase los terrenos forestales reclamados. La rendición de cuentas en la gestión forestal podría estar detrás de esas intenciones. La Administración, pues, pretende ejemplarizar a la propiedad, pero no se exige a sí misma la debida corresponsabilidad.
En la prensa, un editorial dice: “Galicia recibe el 18% de los fondos de Agricultura para el desarrollo del campo”. De 88,7 millones de euros recibe un total de 16,06 millones de euros, 47% para ganadería, 38% para desarrollo rural y el 15% para agricultura. Llevamos 20 años recibiendo ayudas de la Unión Europea y el campo sigue con la misma tendencia inicial: continúa habiendo falta de rentabilidad por la problemática preexistente y que nunca se trata de resolver. Algo no funciona, lo de subsistir de las ayudas no entra dentro de las políticas de sostenibilidad en el campo. El refrán “pan para hoy y hambre para mañana” es un fiel reflejo.
Días más tarde, se vuelve a repetir en la prensa diaria el mismo estribillo, el mismo contenido con pequeñas variantes, unas declaraciones ‘ad hoc’ de promoción del proyecto, rebajan la superficie agrícola en 113.657 hectáreas (de 843.657 a 730.000) y se ve una fotografía que ilustra la repoblación ordenada de montes como una línea de actuación a seguir. La estampa refleja un monte quemado en el que hay cuatro personas, dos plantan a mano, otra, fumando un puro, tiene un atado de plantas arbóreas en la mano, las tres en ropa de paseo, y al fondo un guarda. El día anterior, también en la prensa, la estampa reflejaba un monte quemado donde un joven corría con un cubo de agua en la mano para apagar el fuego (el pie de foto decía: seis meses después, todo sigue igual).
Por lo tanto, hablar de un banco de tierras parece que tiene más connotaciones políticas que prácticas a tenor de las experiencias de los pasados 20 años. Ante todo esto, cabrían algunas preguntas, ¿es rentable financiar sectores faltos de planificación, de ordenación, y que no son productivos?, ¿es rentable invertir en maquinaria nueva, a pesar de que las actividades a realizar no generen los recursos suficientes? Los resultados de empleo en el agro gallego reflejan todos los anos las contínuas bajas de agricultores en las labores del campo, y que además carecen de relevo generacional. La política agropecuaria es más fácil de implantar que la forestal y la Administración debería asumir las inquietudes del sector y trabajar en la dirección de mejorar la economía agraria en la sostenibilidad.
Val do Baixo Ulla, 05.03.2007 xxaneiro@terra.es
-(Galego)-
BANCO DE TERRAS.
O Proxecto de Lei de Conservación da Superficie Agraria Útil e do Banco de Terras xa ten a luz verde outorgada polo Consello da Xunta de Galicia. O obxectivo é acada-la recuperación de 200.000 Ha. agrarias nos próximos dez anos, e a inspiración ven dende Francia como experiencia contrastada.
Problemas de rendibilidade: a Unión Sindical Agraria Gallega (USAG) recoñeceu en días pasados que a creación dun banco de terras non solucionará os problemas máis graves que afronta o campo galego. Manifestan que houbo empresas que contaron con suficiente extensión de terreos e tiveron que pechar por problemas de rendibilidade. Como exemplo, o Grupo Gaper ou Ganadería Ares que dispoñía de terreo concentrado máis que suficiente, e, pecharon porque non lle salían os números, asegura un dos maiores gandeiros de Galicia. O Presidente da USAG lembroulle á Consellería de Medio Rural a promesa de resolve-los problemas de rendibilidade; e, non ofrecer solucións que non aportan nada.
Todo cambio que se realice nun sistema agropecuario debería de contar cun estudio previo e completo da realizade socio-cultural da propia terra obxecto da Lei en cuestión. Normalmente, este tipo de cambios debería acontecer pola demanda do propio sector, é dicir, de abaixo hacia arriba. As imposicións que acompañan a esta Lei nos lembran os 250 anos de políticas forestais impostas e que non acadaron os fíns económicos esperados pola sociedade rural.
Por outra banda, a estructura e a superficie tan variable da propiedade en Galicia non facilita a agrupación de terras. En primeiro lugar, porque a concentración parcelaria non está xeneralizada por todo o territorio da Comunidade, senón, máis ben, dispersa en moitos casos. A concentración parcelaria de terras agrarias ten a particularidade de que foi adaptada a cada zona concentrada, resultando incluso penosa para os propios interesados. Hai bastantes concentracións con parcelas pequenas, de 1.000 a 3.000 m², que non facilitan os traballos de reunificación. En segundo lugar, o sentido da propiedade está moi arraigado na sociedade rural, e polo tanto, os experimentos sen beneficios teñen pouca cabida no agro. E, se aínda por encima falamos de penalizacións para as terras abandonadas, o máis normal é que se quede no que estaba. Polo tanto, falar dun obxectivo-imposición de 200.000 Ha. parece máis unha utopía que unha medida de promoción sustentable.
Os mensaxes da Administración na prensa escrita amosan as intencións de intervencionismo no sector agropecuario galego. Para empezar, un gravamen por abandono, e despois unha multa de ata 6.000 euros por riscos de incendios, mezclando terras agrarias coas terras forestais. Case nada. Que hai terras sen producción, e polo tanto ociosas resulta evidente. Que sexan consideradas como abandonadas é outra cousa. En Galicia falar de herbas de 50 cm. sen cortar como síntoma de abandono non se axusta precisamente á realidade. En vez de promover alternativas sustentables ós propios interesados, preténdese crear un Banco de Terras para un destino incerto de posibles demandantes-beneficiarios de superficie agraria, a prezos sen determinar nin reglar baixo a ameaza de imposición de sancións… Menuda letanía. ¿Será para pastizais, para cultivos agrarios, para plantacións de bio-combustibles…?
Nese inventario pretenden incluir sobrantes de concentración parcelaria, que son mínimos; de comunidades de montes nas que prescriba a súa titularidade, vana ilusión porque o dereito de propiedade neste tipo de propiedade xermánica non prescribe; e, das terras cedidas polos seus titulares. Recoñecen, tamén, como ridícula a superficie de algunhas parcelas que as fan inoperativas para estes destinos, e a fragmentación de moitas terras de cultivo.
A Administración xestiona a través de consorcios ou convenios unhas 314.000 das 608.000 Ha. dos montes das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común. En algunhas zonas das provincias de Lugo e Ourense hai montes concertados coa Administración que están en situación de abandono e desaproveitamento, incumprindo polo tanto as normas legais que predican a plantación, o coidado e o aproveitamento deses montes. Ademais, non coñezo ningunha desas Comunidades administradas que teña unha xestión integral completa. Os manexos culturais da xestión forestal, recollidos na guía de boas prácticas, non son realizados porque non hai cobertura orzamentaria para realizalos, nin o propio monte é capaz de produci-los rendimentos suficientes. Consecuencia evidente da falla de rendibilidade das especies forestais introducidas no monte galego. Un tercio desas Comunidades de Montes pode chegar a desaparecer, polo menos temporalmente, no curto ou medio prazo, motivado na maioría dos casos polo abandono, xa secular, da Administración; e pola falla dunha política forestal sustentable. Fai 50 anos xa se decía que había certo interese de desanimar á propiedade para que abandoasen os terreos forestais reclamados. A rendición de contas na xestión forestal podería estar detrás desas intencións. A Administración, pois, pretende exemplarizar á propiedade, pero non se esixe a sí mesma a debida corresponsabilidade. O que hai que ver.
Na prensa, un editorial dí: “Galicia recibe el 18% de los fondos de Agricultura para el desarrollo del campo”. De 88,7 millones de euros recibe un total de 16,06 millones de euros, 47% para ganadería, 38% para desenvolvemento rural e o 15% para agricultura. Levamos 20 anos recibindo axudas da Unión Europea e o campo segue coa mesma tendencia inicial: continúa habendo falla de rendibilidade pola problemática preexistente e que nunca se tratou de resolver. Algo non funciona, o de subsistir das axudas non entra dentro das políticas de sustentabilidade no campo. O refrán “pan para hoxe e fame para mañán” é un fiel reflexo.
Días máis tarde, vólvese a repetir na prensa diaria o mesmo estribillo, o mesmo contido con pequenas variantes, unhas declaracións ‘ad hoc’ de promoción do proxecto, rebaixan a superficie agrícola en 113.657 hectáreas (de 843.657 a 730.000) e vese unha fotografía que ilustra a repoboación ordenada de montes como unha liña de actuación a seguir. A estampa reflexa un monte queimado no que hai catro persoas, dúas plantan a man, outra, fumando un puro, ten un atado de plantas arbóreas na man, as tres en roupa de paseo, e o fondo un garda. O día anterior, tamén na prensa, a estampa reflexaba un monte queimado donde un mozo corría cun caldeiro de auga na man para apaga-lo lume (o pe e foto dicía: seis meses despois, todo segue igual).
Polo tanto, falar dun banco de terras parece que ten máis connotacións políticas que prácticas a tenor das experiencias dos pasados 20 anos. Ante todo isto, caberían algunhas preguntas, ¿é rendible financiar sectores faltos de planificación, de ordenación, e que non son productivos?, ¿é rendible invertir en maquinaria nova, a pesar de que as actividades a realizar non xeneren os recursos suficientes? Os resultados de emprego no agro galego reflicten tódolos anos as contínuas baixas de agricultores nas labores do campo, e que ademais carecen de relevo xeneracional. A política agropecuaria é máis doada de implantar que a forestal e a Administración debería asumi-las inquedanzas do sector y traballar na dirección de mellora-la economía agraria na sustentabilidade.
Val do Baixo Ulla, 05.03.2007