El campo catalán rechaza la reforma de la PAC

«Ahora estamos en una discusión política, en que se han mezclado muchos grandes conceptos. Basados en los argumentos planteados por la reforma del 92, una ideología de bajar precios para acercarse a los precios del mercado mundial, compensados por ayudas, que con el tiempo se ha demostrado que era una falacia y ha hecho que cada vez haya menos agricultores». Afirma Joan Cavall secretario general de Unió de Pagesos (UP).
Cavall cree que con la última reforma presentada en julio se quiere insistir más en esta idea pero intentando un ahorro económico de los presupuestos de la PAC.
«Ahora tenemos menos posibilidades de vivir de nuestra producción en según que sectores, y tengamos que depender mas de las ayudas» comenta Pasqual «Para la FCAC este no era el momento de hacer una reforma. Era un momento de reflexión y para desbloquear las reformas en los sectores donde hacia tiempo que estaban bloqueadas.»
«Pero desde Bruselas nos presentan una reforma en profundidad que parece que ha sido fruto de la presión de una serie de países fuertes que quieren reducir el gasto presupuestario», analiza Anna Toda vicepresidenta de la FCAC.
«El importe de ayuda es insuficiente y es inaceptable que sea cofinanciando. Creemos que ha de ser un importe mínimo por superficie condicionado a que se cumplan unas operaciones básicas y vehiculadas a través de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), que aquí» añade Toda.
«Según sectores si se les quita las ayudas acabaran desapareciendo. Estoy pensando en zonas del Pirineos donde hay un despoblamiento, Donde si no se les da una incentivo la gente no irá. Pero en otros sectores, como por ejemplo las de secano del centro de Cataluña básicamente los frutos secos que si no se les da algún tipos de incentivo no podrán ser productivos» afirma Francesc Pasqual. Añade que están dispuesto ha negociar como se utilizan las ayudas para poder crear una agricultura rentable a largo plazo. «Tenemos que tender a perder cada vez menos a tener menos diferencias estructurales con el resto de continente para ser competitivos. Pero sino se les ayuda sino se les deja ponerse en el mismo nivel seguro que se quedaran por el camino».
La Comisión considera que el gasto público del sector agrario debe justificarse mejor y que es preciso obtener algo a cambio del mismo, ya sea la mejora de la calidad de los alimentos, la conservación del medio ambiente, el bienestar de los animales, el paisaje y el patrimonio cultural, o la potenciación del equilibrio social y la equidad. Sentido este en el que los agricultores están totalmente de acuerdo.
Para la Unió Pagesos también resulta insostenible a largo plazo que con dinero público se pague a los agricultores por no hacer nada en positivo. Por eso proponen el contrato territorial siguiendo el modelo francés aplicado durante el gobierno de la izquierda plural. Creen que, con muchos matices, es la única posibilidad de futuro, la única garantía de apoyo público. Porque llegara un momento en el que la sociedad no aceptara que se subvencione a la agricultura. El contrato territorial consiste en que el agricultor se compromete a cumplir una serie de criterios de calidad y seguridad, a apostar por un sistema de producción integrada y sostenible, y en cumplir un papel clave en el desarrollo rural y el equilibrio territorial. Y todo esto a cambio de unas ayudas que le sirvan para financiar el aumento de costes de estas exigencias.
Pero los representantes agrarios denuncian que la filosofía, con la que están de acuerdo, es una pero que la letra pequeña la contradice. La Comisión defiende la idea, con la que no coinciden ninguno de los representantes agrarios, de que la reforma garantiza un nivel de vida aceptable a los agricultores. Además, según la Comisión, la revisión garantizará a los consumidores y contribuyentes un empleo más eficiente del dinero gastado. Modulación dinámica y Política de Desarrollo rural
La modulación dinámica es valorada por cualquiera de los tres representantes del sector como un recorte puro y duro de las ayudas «que agrava más las injusticias existentes hasta ahora» según Cavall de UP. La propuesta de la Comisión aplicará una modulación progresiva de las ayudas europeas para pasar parte de éstas a los programas de desarrollo rural, un capítulo en el que se aplica la cofinanciación entre fondos estatales y fondos europeos. La Comisión pretende incrementar el porcentaje de cofinanciación en el capítulo agroambiental en un 10% (85% en las regiones objetivo 1 y el 60% en el resto). La reducción progresiva de las ayudas directas será del 3% anual hasta llegar al 20% en siete años y se aplicaría las explotaciones que reciban más de 5000 euros anuales.
Se proponen medidas de acompañamiento para resolver las inquietudes relativas a la seguridad alimentaria, la calidad y el bienestar animal. Se plantean ayudas para la promoción de actividades y productos agrícolas bajo criterios de calidad y certificación, así como para la adaptación de los productos a la legislación vigente en términos de medio ambiente, seguridad alimentaria y aplicación de auditorias de las explotaciones.
Desde las organizaciones se valora positivamente de la reforma de los Planes de Desarrollo Rural que se potencie la seguridad, la calidad y la sostenibilidad. Pero desde la FCAC critican que el desarrollo rural no se puede hacer a costa de ir suprimiendo poco a poco las ayudas.
«En la modulación perderemos todos. Si desde aquí se pudiera repartir y recibir pero es que al final los sobrantes de modulantes no serán para aquí, y aquí pueden aplicarnos modulación que nos retire ayudas», según Francesc Pasqual esto puede retirar las ayudas a las producciones más vanguardistas. Desde UP creen que hace falta una reforma de la PAC en profundidad, «pero creemos que lo que se propone es peor que lo que hay». Lo mismo opina Anna Toda , en líneas generales valoran positivamente la anterior política agraria frente a la propuesta actual, pero destacan que en la anterior también había muchos déficits y una falta de inversión en el desarrollo rural. Todos coinciden en que se tiene que ir más allá y que ni esta ni a anterior PAC satisface las necesidades del sector.
Cavall afirma que lo único que se va a conseguir es que se reduzcan un 20% las ayudas sin afrontar que el sector necesita unas ayudas. Para Cavall la modulación dinámica no da estabilidad a la renta de agricultores, y beneficia a las grandes explotaciones frente a las familiares, de las que el sindicato es el gran defensor. Estos recortes, según los sindicatos, desestabilizan las rentas agrarias de las pequeñas explotaciones porque consideran que no se debe aplicar a aquellos que trabajan en el campo como actividad fundamental en su renta, sino a terratenientes o grandes superficies. Los datos difundidos por la DARP explican que el recorte afectará al 11% de la población agraria (unos 8500 agricultores).
Desconexión de las ayudas
La desconexión que propone la UE supone desligar las ayudas directas a la producción por una sola ayuda directa a la explotación. Y las ayudas se darán sobre la base de los pagos históricos, consolidando así según la Conselleria de Agricultura los agravios históricos entre la agricultura continental y la mediterránea. Muchas de las superficies máximas asignadas a España históricamente no responden a la situación actual. Puede producirse la paradoja de que dos explotaciones idénticas tengan una ayuda y la otra no, en función de si en años anteriores se han beneficiado de ellas. Para Cavall esto provocará la desprofesionalización del sector ya que no están ligados producción y ayuda.. Desde Unió consideran que la propuesta de la Comisión no diferencia entre los especuladores y los trabajadores del campo. Y explican que en Catalunya el 7 % de los recibe el 40% de las ayudas, y estiman que son gente que está fuera del sector o que no trabaja directamente la tierra. Plantean una clara lucha contra la aparición de los «cazaprimas» que creen que el modelo planteado puede beneficiar. Según el sindicato se puede llegar a la paradoja de que gracias a la desconexión de las ayudas se pueda cobrar sin producir.
Desde Unió, Se acuso a la Comisión Europea de incumplir parte de sus compromisos en el tema agrario. En el tratado de Roma se propuso el reequilibrio de rentas. Y opinan que la política agraria hace todo lo contrario al dar las ayudas en función de la producción perjudicando al pequeño productor. Por eso demandan que las ayudas se den en forma de renta agraria, de renta fija para asegurar la subsistencia del agricultor, mientras este se adapta a las nuevas condiciones que marca el contrato territorial que proponen. «Lo que pedimos es que el eje de la reforma sean los agricultores pedimos que se humaniza la producción agraria. Si nos hemos marcado que queremos tener presencia humana que no queremos desertizar los pueblos tenemos que tener en cuenta que aparte de medidas económicas y de producción tiene que haber medidas de ayuda social y de renta para los que están en el medio rural. Y no que el eje sea la exportación», explica Joan Cavall secretario general de UP. «El tema de la desconexión de las ayudas puede provocar problemas de deslocalización. Por ejemplo si alguien cultiva cereales desde hace 10 años y ahora lo único que tiene que hacer para cobrar es tener aquello más o menos limpio sin producirás nada», explica Anna Toda vicepresidenta de la FCAC.
Situación por sectores.
Cereales
Las organizaciones valoran que con la reforma el sector sufrirá una disminución de rentas, ya que la reducción del precio de intervención no esta compensada por la ayuda. Desde la Comisión se considera que se debe de rebajar los precios de los cereales europeos para que tenga una mayor competitividad. La FCAC considera que los precios ya están por debajo de los costes de producción, y que una bajada en el precio de intervención sin un incremento de las ayudas hace perder renta a los productores y está en cuestión la subsistencia del sector.
Arroz
En cuanto al arroz los planteamientos son muy similares: reducción de precios, reducción del precio de intervención, búsqueda de mayor competitividad. La FCAC realiza las mismas criticas, pero añade tres factores más: las importaciones, las penalizaciones y el valor medioambiental La producción europea es superior al consumo de arroz interno, pero las importaciones a precios mas baratos hunden el mercado si no hay una protección institucional. Por eso proponen modificar el régimen de importaciones, y que un aumento en las ayudas palie la reducción del precio de intervención que está por debajo de los costes de producción. Valoran que esta política impulsada por la reforma de la PAC llevará a la desaparición del cultivo del arroz en las zonas tradicionales de la Unión Europea
«El arroz esta también siendo perjudicado por la PAC. Aquí hay mucha tradición y son zonas donde no se puede producir nada más. Y si en esas zonas no se produce arroz, dejaremos avanzar la salinización de unas zonas, y perderemos medio natural. El medio se ha mantenido por esta tradición de cultivo. Y perderemos cuota de mercado» explica Francesc Pasqual. Desde la FCAC se valora positivamente que se reconozca el valor medioambiental de los arrozales del delta del Ebro. Pero critica que se mantenga el sistema de penalizaciones en base a una superficie calculada a nivel estatal, cuando la superficie catalana no varia desde hace años.
Frutos secos
Todas las asociaciones de productores y de cooperativistas piden desde hace tiempo una ayuda permanente al sector. Consideran básico esto por dos criterios: el primero el de la multifuncionalidad, sino se despoblaran partes importantes de Catalunya que no pueden ser reconvertidas a otros cultivos. Por otra parte el mantenimiento de una producción de frutos secos europea permite una competencia con el máximo productor, Estados Unidos, y así se impide que tenga el monopolio y por tanto la capacidad de decidir unilateralmente los precios. Las FCAC considera que las ayudas están por debajo de los costes de producción, y que esta propuesta de reforma empeora la situación del sector.
Presión frente a la comisión.
Esta propuesta está previsto que se apruebe la primavera del 2003 y se comience a aplicar el 2004. Pero por ahora estamos en un proceso de elaboración, negociación y discusión de la reforma entre los países miembros en el que aún no se prevé ningún tipo de movilizaciones. Todas las organizaciones presentan sus alegaciones a sus representantes a la confederación COAG, y a la Confederación de Cooperativas Agrícolas Españolas, con el objetivo de darle capacidad de actuación al ministro español, Arias Cañete, de agricultura para que defienda los intereses del sector. Ahora las organizaciones agrarias catalanas están esperando la propuesta alternativa que ha anunciado el ministro que esta preparando. «Nuestro esfuerzo será intentar consensuar nuestras propuestas con el resto de los países que están en contra de la reforma, para poder presionar con más fuerza»; concluye Anna Toda.

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