Uno de los grandes retos de la Unión Europea, desde su fundación, ha sido el de desarrollar líneas políticas para cada uno de los sectores económicos y sociales de los países miembros y garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos. En este contexto, la agricultura ha desempeñado un papel fundamental, de manera que se hizo necesaria la puesta en marcha de la denominada Política Agraria Común (PAC), cuyas ayudas han supuesto importantes cambios en las estructuras básicas, agrícolas y ganaderas de cada país.
La Política Agraria Común, ha venido desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de la UE. La aplicación progresiva de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), que incluyen la mayor parte de la producción agrícola de los países miembros, se ha visto acompañada de políticas estructurales que reflejan las diferentes facetas de la PAC, en particular, la importante fundación social de la agricultura en la Unión Europea, su diversidad regional y nacional y la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones de los consumidores y las cuestiones relativas al medio ambiente.
El mercado agrícola europeo presenta hoy unas perspectivas de fuerte crecimiento, pero también es cierto que en la actualidad se dan, en este sector, una serie de condiciones que deben ser modificadas, para extraer el máximo provecho posible a los recursos de la Unión. Hoy en día se hace necesaria una reforma de la PAC ya que el apoyo a la agricultura se reparte de forma desigual entre los distintos productores y regiones, por lo que, en algunas zonas, se puede observar una mala gestión del espacio rural, lo que a su vez provoca el declive de la actividad agrícola o prácticas agrarias que por ser excesivamente intensas, provocan una fuerte contaminación, enfermedades en animales y la disminución de la seguridad alimentaria.
Conscientes de que la fuerza de la agricultura europea depende de su diversidad, de los recursos, sus métodos de explotación, competitividad, seguridad y calidad, desde las asociaciones de productores solicitamos un impulso económico mayor que nos permita desarrollar políticas de producción agraria mucho más acordes con la demanda que exigen los nuevos mercados y, al mismo tiempo, contribuya en lo esencial a la vitalidad del mundo rural, ya que el desarrollo de este campo tiene que convertirse en objetivo preferencial y responder a las preocupaciones y exigencias de los consumidores en materia de calidad y seguridad de los alimentos, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales.