La Organización Agraria considera que se trata de un hecho protagonizado por delincuentes franceses que bajo la denominación de agricultores atentan contra los derechos de los ciudadanos europeos ya que los actos ocurridos suponen un ataque frontal al derecho a la libre circulación de mercancías por Europa y, por tanto, exige al Gobierno francés no sólo que asuma la responsabilidad económica de los hechos sino que adopte medidas urgentes para frenar los ataques.
La Organización considera que incidentes de esta naturaleza no puedan quedar impunes y, por tanto, exige al Gobierno español que inste a la Unión Europea a que interponga sanciones ejemplares.
Asimismo, ASAJA de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Comisión Europea que inicie con urgencia el procedimiento que contempla el “Reglamento 2679/98 del Consejo de 7 de diciembre de 1998 sobre el funcionamiento del mercado interior” por considerar que se ha infringido el Derecho Comunitario, al obstaculizarse la libre circulación de mercancías entre los Estados Miembros.
La Organización considera que estas acciones contra productos españoles perturban gravemente el buen funcionamiento del mercado interior y ocasionan pérdidas muy graves a los particulares perjudicados, además de poner en riesgo la credibilidad de la única política común que existe en la Unión Europea, así como, de los principios y derechos comunitarios.
La organización recuerda que estas actuaciones no son nuevas y se han repetido durante décadas; hasta el punto de que hace unos años en España y ante la falta de respuesta eficaz de las autoridades francesas, españolas y europeas, desde ASAJA se inició una campaña informativa en la que se instaba a las consumidores españoles a no comprar productos franceses hasta que cesasen las acciones violentas.
ASAJA de C-LM