La medida serviría para aligerar los excedentes acumulados por la caída en el consumo de vino que se está sufriendo esta campaña y por la propia incertidumbre provocada en los mercados por el retraso de más de cinco meses en la aprobación del decreto regulador de la OCM, que el Gobierno se decidió por fin a aprobar el pasado día 30.
“Las compras en el campo son escasas y cuando existen se hacen a un precio que no cubre ni los costes de producción por lo que si no media una intervención contundente la desaparición de viñedos se acelerará aún más”, señala el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, quien además advierte que la situación es tan “crítica que estamos estudiando la posibilidad de movilizaciones”.
AVA-ASAJA estima que menos de un 30% de la cosecha vinícola de la provincia de Valencia se ha comercializado ya, cuando a estas mismas fechas del año pasado el porcentaje se elevaba a más del 70%. Los precios, además, siguen en caída libre y se calcula que éstos se sitúan ya un 25% por debajo de los costes de producción.
En este sentido, la organización agraria recuerda lo sintomático que resultó –de cara a clarificar la situación del sector- el ‘éxito’ en la tramitación de solicitudes para el arranque de viñedos, en el que casi uno de cada diez viticultores valencianos (2.817, concretamente) solicitaron primas para abandonar la actividad.
Finalmente se han quedado fuera más de la mitad y sólo se ha permitido una salida digna de la actividad a 1.190 viticultores que podrán eliminar de forma incentivada 2.600 hectáreas de vides, la segunda mayor cifra del país. Pero a estas alturas aún no se conoce la identidad de la mayor parte de los beneficiarios con lo que multitud de productores dudan ahora si deben o no asumir el gasto para la poda o el ‘abonado de fondo’ que por estas fechas ya se debía de haber realizado.
Los viticultores valencianos serán también de los más perjudicados por el desvío de fondos que el Gobierno ha decidido aplicar en beneficio de las ayudas para destilación de uso de boca. “Para lograr elevar la ayuda de los 450 euros/ha que primero se anunciaron a los 700 que finalmente se prometieron, se ha optado por restringir al máximo los programas de reconversión y reestructuración de viñedos hasta el punto de que este año será imposible poder beneficiarse de esta línea”, señala Aguado.
El Gobierno dispone hasta finales de este mes para distribuir los casi 214 millones de euros del paquete de medidas de apoyo al sector vinícola y, dado el retraso en la publicación del decreto regulador es evidente que habrá un sobrante que podría destinarse para una destilación de crisis. “La medida es urgente porque el problema es muy grave ahora pero aún lo será mayor en unos meses porque las lluvias hacen presagiar una gran cosecha y los excedentes de esta campaña se juntarán con los de la próxima”, advierte el presidente de AVA-ASAJA.
AVA-ASAJA