Los cambios en el Gobierno de la Nación que se materializarán en breve, hacen confiar al consejero Portavoz en que “haya una modificación de esta norma del Estado” que, tal y como está redactada, “invade claramente las competencias que en esta materia tiene la comunidad autónoma y entra en conflicto con la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha”.
Por ello y siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades y teniendo en cuenta los plazos para recurrir, el Ejecutivo autónomo decidió en su reunión de anteayer presentar el citado recurso “en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y, fundamentalmente, de su campo competencial”.
García-Page lamento que el Ministerio de Agricultura no haya mostrado una posición abierta, a pesar de los muchos intentos de acuerdo y llamadas al diálogo del Gobierno regional para llegar a un acuerdo en esta normativa tan importante para una región como Castilla-La Mancha, que cuenta con la mayor extensión de viñedo en Europa.
“Si alguien está interesado en la defensa del sector del vino es Castilla-La Mancha”, dejó claro el consejero Portavoz, quien añadió que el vitícola “es uno de los sectores más importantes de la economía regional y del que dependen miles de familias castellano-manchegas”.
Emiliano García-Page realizaba ayer estas declaraciones en Toledo durante la rueda de prensa en la que explicó los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, entre ellos este recurso.
En concreto, Castilla-La Mancha considera que el Estado no puede dictar normas sobre las denominaciones de origen comprendidas en el territorio de una sola comunidad autónoma, ya que la competencia corresponde a la administración regional, mientras que la Ley del Vino nacional incluye disposiciones sobre esta materia.
Otro punto de discrepancia es la intención de la norma de estratificar obligatoriamente la categoría ‘vino de calidad producido en una región determinada’ (v.c.p.r.d.), que supondría que las comunidades autónomas fueran dependientes del Estado en denominaciones de origen y se impediría la innovación en figuras de calidad que sirvieran para la identificación de los vinos.
El tercer aspecto se refiere a la obligatoriedad de la existencia de órganos de gestión de los v.c.p.r.d., que marca la ley nacional. La reglamentación comunitaria establece que estos vinos estarán gestionados por agrupaciones de productores o interprofesionales para dotarlos de mayor independencia, en lugar de los actuales Consejos Reguladores, cuya figura jurídica es la de órganos desconcentrados de la administración. Esa transposición de la normativa comunitaria a la regional se está produciendo actualmente, tal y como establece la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, mientras que la Ley nacional prefiere mantener un modelo similar al de los actuales Consejos Reguladores.
El último punto de desacuerdo es el régimen sancionador establecido, al considerar el Gobierno regional que la ley estatal se extralimita y que sólo debería establecer unos principios comunes mínimos para respetar las competencias autonómicas.
Castilla-La Mancha ha intentado en todo momento llegar a un acuerdo con el Gobierno central antes de plantear el recurso de inconstitucionalidad. El 1 de octubre de 2003 se reunió la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para negociar los cambios necesarios en la norma estatal que evitaran esa invasión de competencias.
El 16 de febrero de 2004 se vuelve a convocar una reunión de la Comisión Bilateral y se acuerda la convocatoria de cuatro reuniones para compatibilizar la ley estatal y la regional. Después de celebrarse tres reuniones, ya se había llegado a un acuerdo, pero tras los resultados de las elecciones generales la Administración central da por cerradas las negociaciones.
La Ley de la Viña y el Vino del Estado ya tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Generalitat de Cataluña, una decisión que fue tomada por el anterior gobierno de Convergencia i Unió.
JCCM