El gran paradigma de la reforma: “no importa dejar de producir en Europa porque nos podremos abastecer a precios más baratos en países terceros” ha resultado ser completamente erróneo además de peligroso para los consumidores, que han sufrido en sus bolsillos la espiral alcista de los alimentos básicos.
En 2007, el panorama agrario ha estado marcado por la subida del precio de los cereales, motivada por múltiples causas, entre las que se incluye el auge de los agrocombustibles pero, sobre todo, la bajada de los rendimientos productivos en países tradicionalmente cerealistas y el impulso del consumo de los países emergentes como China o India. Ese incremento del precio del cereal ha hecho posible que los productores reciban un precio razonable después de una dinámica de 20 años a la baja.
El aumento del precio de las materias primas ha sido una de las causas de la subida de hasta un 40% del coste de los piensos dedicados a la alimentación animal. Ello, unido a una insoportable situación de precios a la baja, hace que el año para los ganaderos pueda calificarse de horrible, especialmente para los dedicados a la producción de ovino-caprino, porcino, vacuno de carne y conejo. COAG denunció en la concentración del pasado 18 de diciembre frente al Ministerio que esta situación amenaza la viabilidad de 400.000 pequeñas y medianas explotaciones familiares ganaderas, ya que acumulan cerca de 2.000 millones de euros en pérdidas. Sin embargo, por el momento el MAPA no ha puesto sobre la mesa medidas de peso para hacer frente a la crisis, por lo que esta organización se movilizará el 24 de enero en Madrid.
En Bruselas, 2007 fue un año marcado por la polémica, tal y como demuestra la propuesta comunitaria para modificar el régimen de ayudas del algodón, anulada el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. A pesar de que la sentencia era clara, la nueva propuesta de la Comisión Europea sólo introduce cambios leves y mantiene el régimen de ayudas que fue impugnado a instancias del estado español y que, en la práctica, supone el desmantelamiento del sector algodonero español. Los dos años de aplicación del régimen anterior han confirmado los peores augurios: reducción del 70% de la producción, de un 30% de la superficie cultivada, del 25% de los productores, del 63 % de los jornales en campo y del 42% del empleo industrial, así como una pérdida importante de la calidad.
La reforma de la OCM del vino no ha sido buena para los viticultores profesionales. Aunque mejora levemente la propuesta inicial de la Comisión de julio de 2007, la nueva OCM sigue manteniendo la liberalización de plantaciones, la transferencia de fondos a desarrollo rural, la chaptalización (añadido de azúcar al vino de forma artificial) y una importante reducción del presupuesto histórico asignado a España, aspectos que perjudican seriamente los intereses de nuestros agricultores. Se puede decir que es una reforma engañosa, porque se dice que mantiene el presupuesto asignado para el sector cuando para el reparto de fondos se ha utilizado como criterio la producción y la superficie en lugar del histórico percibido, tal y como se ha hecho en otros sectores reformados, es una reforma contradictoria porque por un lado se primará el arranque de viñedo para luego poner en marcha la liberalización de plantaciones y es una reforma antisocial porque no mejorará la renta de los viticultores y eso influirá negativamente en muchas regiones que dependen económica, social y medioambientalmente de este cultivo.
El año que en breve finaliza fue para el sector de frutas y hortalizas el de la aprobación de la reforma de su OCM, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Entre las cuestiones fundamentales que incorpora, destaca la introducción de un período transitorio para el tomate transformado y los cítricos, durante el cual las ayudas estarán vinculadas a la producción, una cuestión que COAG considera positiva, aunque no es más que la antesala hacia el desacoplamiento, en el que las ayudas serán totalmente otorgadas por superficie y el 100% independientes de la cosecha.
Entre las cuestiones negativas, hay que remarcar que la reforma borra de un plumazo el sistema de retirada para gestionar las crisis, ya que, aunque sobre el papel se mantienen unos sistemas de gestión de las mismas, en la práctica esas medidas se vinculan exclusivamente a los agricultores que están en las OPFH, que siguen siendo una minoría, y que no son los únicos implicados en las crisis ni pueden, por tanto, ser los únicos encargados de resolverlas.
En el sector remolachero, el año concluye sin haberse logrado un acuerdo sobre la reestructuración del sector del azúcar a nivel nacional. El Gobierno central debe ahora establecer, mediante Real Decreto, las condiciones de reparto de las ayudas. El plan presentado por la industria anuncia el cierre de dos fábricas en Andalucía y la amortización de casi el 70 % de la cuota total de azúcar de la zona sur (de las 292.925 tn de cuota que había antes de la entrada en vigor de la reforma, se pasa a poco más de 200.000 tn). Esto supone prácticamente el desmantelamiento de la producción
de la zona sur y su traslado a la zona norte.
Si ya durante la 2006/2007 la superficie sembrada descendió alrededor de un 30% respecto a la campaña transitoria, para la actual se espera un nuevo descenso de, al menos, el 50% de la superficie respecto al dato anterior. Ante la situación de falta de rentabilidad, COAG reclama que el proceso de reestructuración del sector se desarrolle en la campaña 2008/2009, frente a la petición de Industria de retrasarlo a la campaña 2009/2010, año en que se liberalizará el mercado del azúcar y, por tanto, será posible traer azúcar bruta para refinarla.
COAG ha solicitado fijar un reparto lineal de los fondos entre todos los productores, los que abandonen la actividad y los que continúan en ella.
A nivel interno, cabe destacar la puesta en marcha del nuevo sistema de la Seguridad Social Agraria, reivindicación histórica de COAG, que permitirá dotar a los profesionales de sector de un sistema de protección social digno. El nuevo modelo crea un Sistema especial para el sector agrario, que se encuadrará en el marco del RETA, Régimen de Trabajadores Autónomos, pero contemplando una serie de especificidades que COAG ha planteado desde siempre, como son el carácter multifuncional de la actividad agraria y el mermado nivel de renta de los agricultores/as y ganaderos/as, que no superan el 58% del nivel medio de renta del Estado español. Alrededor de 350.000 profesionales agrarios se beneficiaran de este acuerdo, con incrementos notables de pensiones y prestaciones.
En este contexto, desde COAG entendemos que es necesaria una reforma de la PAC con una nueva orientación de las políticas comunitarias, adaptada al nuevo entorno emergente y asentada sobre principios firmes y realistas. Esto significa que Europa debe renovar su apuesta estratégica por la agricultura, garantizando un mínimo de abastecimiento alimentario en el marco de la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural. Los agricultores tienen que ver reconocida y valorada su labor, principalmente a través de unos precios justos para sus
productos, lo que hace imprescindible desarrollar políticas de estabilización de los mercados. “La regulación de los mercados está prevista para evitar fluctuaciones desmedidas de los precios tanto al alza como a la baja y garantizar una estabilidad a productores y consumidores”, ha matizado Miguel López, Secretario General de COAG.
COAG