Con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el Gobierno de Canarias impulsa la creación de un organismo autónomo que centralice la gestión de las competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de calidad agroalimentaria.
La importancia de las funciones públicas relacionadas con la calidad de los productos agroalimentarios hace necesaria la puesta a disposición de los ciudadanos de un servicio acorde, por un lado, con la rapidez con que acontecen los hechos y se dictan normas en este sector y, por otro, con la necesidad de especialización requerida debido al contenido altamente técnico de la materia.
Efectivamente, las recientes crisis agroalimentarias y la dificultad técnica y la intensa y continua dedicación que entraña el control de la calidad agroalimentaria precisan de una gestión pública especializada por un organismo público creado con este único objeto, que pueda destinar la totalidad de sus recursos humanos y materiales a garantizar al ciudadano la calidad de los productos que consume.
Así pues, con la ulterior entrada en vigor de este proyecto de ley, se creará el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria como ente de derecho público.
Este se convertirá en la autoridad competente en materia de calidad agroalimentaria, desarrollando la práctica totalidad de las funciones que en este ámbito ha venido desempeñando la Dirección General de Política Agroalimentaria, promoviendo la calidad de los alimentos producidos y comercializados en la Comunidad Autónoma.
Al mismo tiempo, el Instituto será el instrumento básico de actuación del Gobierno de Canarias en materia de promoción y protección de la calidad de los productos acogidos a las distintas denominaciones de origen y otras figuras de protección de la calidad diferenciada, como la agricultura ecológica y la producción integrada, asumiendo las funciones de control y certificación previstas en la Ley 24/2003 del Vino y la Viña que han venido desarrollando los Consejos Reguladores.
Consejos Reguladores
Además, la Ley estatal 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, introdujo un cambio sustancial en la regulación de los Consejo Reguladores de Denominaciones de Origen al determinar, en su artículo 25.2, que estas entidades «tendrán personalidad jurídica propia, de naturaleza pública o privada, plena capacidad de obrar y funcionarán en régimen de derecho público o privado». Ello vino a marcar un profundo cambio en su naturaleza jurídica, pues hasta el presente los Consejos Reguladores eran órganos desconcentrados del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, primero, o de la Consejería de Agricultura, después.
Respetando el plazo de un año dado por la ley estatal para este cambio, el Gobierno de Canarias ha optado por transformar, con la aprobación hoy de un proyecto de ley, los diversos Consejos Reguladores de vinos de Canarias en corporaciones de derecho público en atención a la base asociativa y corporativa de los mismos, al estar representados en ellos los titulares de viñedos y bodegas. Asimismo, con esta decisión se ha dado cauce al sentir mayoritario del sector y a la realidad que está aconteciendo en otras comunidades autónomas, garantizándose así la unificación del modelo de gestión.
Por lo tanto, este proyecto de ley afronta la naturaleza jurídica, estructura y funcionamiento, objeto y fines de los Consejos Reguladores. Respecto al vino, el proyecto es imperativo, en el sentido de configurarlos inexcusablemente como corporaciones de derecho público. Para el resto de Consejos Reguladores, el proyecto se expresa en términos facultativos, atribuyendo a la Consejería competente la facultad de optar o no por esta configuración.
Con todo ello se pretende potenciar el dinámico y eficaz funcionamiento de unas entidades destinadas a garantizar la calidad de sus producciones agroalimentarias
Gobierno Canarias