La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, ha dado luz verde a la propuesta de contratación de un estudio de contaminación del litoral en las islas de La Gomera y El Hierro, a través del sistema de concurso abierto.
La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, a cargo de Fernando González, pretende con este estudio conocer el estado de las aguas que rodean estas dos islas de la provincia occidental, midiendo, cuantificando y dando soluciones a los problemas medioambientales generados por los vertidos incontrolados.
Se trata, en definitiva, de obtener información básica sobre la localización de los vertidos al mar, indicando si se realizan a través de conducción o bien directamente; de averiguar su procedencia, incluyendo origen y temporalidad; de definir los usos de las zonas en que se encuentran los vertidos y, por último, de caracterizar el efluente, el medio receptor y los sedimentos.
En la propuesta de resolución, que ya ha sido firmada por la responsable autonómica de Medio Ambiente, se detalla asimismo que el presupuesto máximo de licitación ascenderá a 15.605.263 pesetas, cantidad que se distribuirá en dos anualidades. Así, en el año 2001 se prevé un gasto de 9.363.158 pesetas, mientras que para el año 2002 la cifra que se destinará a esta finalidad ascenderá a 6.242.105 pesetas. Se estima en un año el plazo aproximado para la realización de los estudios.
La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias tiene competencias sobre el control, la inspección y la autorización de los vertidos desde tierra a mar en la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se establece en los Decreto 89/2000, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente (B.O.C. nº 076 de 21 de junio de 2000). Salvo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda, este decreto deroga el Decreto 107/1995, de 26 abril, modificado por los Decretos 273/1995, de 11 de agosto, 300/1996, de 10 de diciembre, 27/1997, de 6 de marzo, 341/1997, de 19 de diciembre, 47/1998, de 17 de abril, y 44/1999, de 18 de marzo; el artículo 3 del Decreto 107/1986, de 6 de junio, sobre creación del Consejo Regional de Caza, y el Decreto 190/1990 en la parte que afecta al citado Consejo, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o sean incompatibles con este Decreto.
Las costas de Canarias constrituyen un valioso patrimonio público que en los últimos años se ha visto afectado negativamente, como consecuencia del desplazamiento poblacional desde las medianías hacia el litoral, debido a la proliferación en muchos casos descontrolada de los núcleos turísticos, e incluso por los cultivos que, en ciertas zonas, llegan prácticamente a la costa. Hay zonas donde el paisaje litoral se encuentra muy dañado, debido en gran medida a los vertidos de aguas residuales.
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