La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, destacó “el esfuerzo que ha realizado Castilla-La Mancha para regularizar su superficie de viñedo” y solicitó al resto de comunidades autónomas “la misma responsabilidad para cumplir con la normativa comunitaria y evitar correcciones financieras”. Estas declaraciones se produjeron al final de la Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada en Madrid.
Como muestra de este respeto a la reglamentación de la UE, Mercedes Gómez destacó que Castilla-La Mancha “es la única región que cuenta con un manual de procedimiento para el control y la actuación en superficies irregulares, que ha sido propuesto por el Ministerio de Agricultura como modelo de partida para aplicarlo en todo el territorio nacional”.
La consejera de Agricultura también señaló que “Castilla-La Mancha ha cumplido con el 100% de los controles en las explotaciones porcinas en aplicación del Plan Nacional de Aujeszky (enfermedad viral que ataca a los cerdos) para conseguir el objetivo de que España quede exenta de esta patología”. El análisis de este plan era uno de los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Agricultura.
Otro aspecto destacado, a juicio de Mercedes Gómez, es la asignación de un millón de euros para Castilla-La Mancha dentro del programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa para la actual campaña.
A preguntas de los medios de comunicación sobre el balance de gestión de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Mercedes Gómez declaró que su periodo “se ha caracterizado por intentar invadir competencias de las comunidades autónomas, como se ha demostrado con la Ley de la Viña y el Vino, que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, o con la Ley Básica de Agricultura, cuyo borrador fue retirado por el Ministerio de Agricultura por la oposición de todo el sector”.
La consejera de Agricultura criticó también la Ley de Arrendamientos Rústicos, “por introducir una inseguridad para el arrendatario que originaría un freno en la modernización de las explotaciones” y cuestionó la aplicación del Plan Nacional de Regadíos, ya que “en Castilla-La Mancha sólo se han transformado 300 hectáreas del total de 90.000 que contempla el plan, que ya de entrada era considerado insuficiente por el Gobierno de Castilla-La Mancha, tanto en dotaciones como en asignación presupuestaria”
JCCM