El pasado martes se ha aprobó formalmente, en la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la reforma de la OCM del vino que entrará en vigor el próximo 1 de agosto. El acuerdo, no obstante, se alcanzó ya en diciembre de 2007. Desde estos momentos las negociaciones para aplicar la OCM se trasladan al Gobierno español y las comunidades autónomas.
El presupuesto asignado a España en el sobre nacional es de 213,8 millones de euros, de los cuales hay ya comprometidos un gran porcentaje en promoción y prestaciones vínicas. Para el desarrollo de las restantes medidas previstas en el sobre: pago único, reestructuración, vendimia en verde, mutualidades, inversiones, seguros, destilaciones, quedarían únicamente alrededor de 180 millones de euros. Si tenemos en cuenta que durante los últimos años las medidas de reestructuración y las ayudas a la destilación se llevaban ya por si solas más de 330 millones de euros, se llega a la fácil conclusión que no se puede apostar por todas las medidas a no ser que se quiera obtener una cantidad ridícula por cada una de ellas.
Por este motivo LA UNIÓ apuesta por priorizar dos de las medidas incluidas en el sobre nacional; paralelas a las ya comprometidas como son la promoción en terceros países, las prestaciones vínicas y pago único, como son la reestructuración y las inversiones.
La política de reestructuración, con todos sus fallos, ha sido beneficiosa para el sector productor valenciano en los últimos años aunque LA UNIÓ apuesta por mejorarla mediante planes diseñados desde una visión comarcal o de zona entre las bodegas, las cooperativas y la Denominación de Origen. Respecto a las inversiones LA UNIÓ cree en la inversión en intangibles y en comercialización, dejando de lado las inversiones dedicadas a instalaciones ya que el sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana no tiene un problema de modernización de instalaciones, sino que el problema radica en otros aspectos como creación de marca y puesta en el mercado del vino que producimos. No es partidaria LA UNIÓ en estos momentos de la aplicación de la vendimia en verde ni de los fondos mutuales y sobre el seguro de cosecha estaría a favor si los fondos para su mejora y potenciación salieran de las arcas del Estado a través de ENESA como ha sucedido hasta ahora.
De otro lado, LA UNIÓ está a favor de una prima de pago único, dentro de la reforma de la OCM del vino, que entre en vigor lo antes posible, que sea creciente con los años y para todas las hectáreas con una diferenciación según si están o no en denominación de origen o si han sido reestructuradas.
LA UNIÓ-COAG se manifiesta también en contra de la aplicación de un periodo transitorio para las destilaciones de uso de boca y de crisis, al considerar que el proyecto de crear un pago por hectárea ligado a las destilaciones no favorece en nada al viticultor ya que hay demasiadas dudas encima de la mesa. La principal de ellas es si el sector alcoholero está dispuesto a firmar contratos con precios mínimos garantizados y de libre acceso a todos los viticultores o sólo a los que tradicionalmente han destilado.
UNIÓ-COAG