El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, solicitó ayer «un gran esfuerzo de consenso» al sector vitivinícola para que, en el plazo legal más breve posible y conforme al compromiso que adquirió al inicio de esta legislatura, el sector del vino y los alcoholes en España pueda contar con una nueva ley que, sustituyendo a la de 1970, «facilite a la vitivinicultura española un instrumento adecuado que le permita encarar la creciente competencia internacional». Arias se mostró confiado en que la nueva norma pueda estar en vigor antes del 2002.
Arias Cañete inauguró ayer en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid la Jornada de reflexión sobre la reforma del Estatuto de la Viña y el Vino y de los Alcoholes convocada por el MAPA. El ministro advirtió que, si bien la nueva norma «estará limitada» por la OCM del Vino y las competencias de las Comunidades Autónomas, será posible llegar a «acuerdos básicos», como la articulación de las denominaciones geográficas, las de origen y el papel que deben jugar las entidades de control. En su intervención, Miguel Arias analizó los cambios producidos desde que, en 1970, entrara en vigor el Estatuto de la Viña y el Vino.
«En lo estructural se ha pasado de un régimen de actividad encorsetado y limitado, a una evolución, paulatina pero plenamente constatable, hacia modelos más abiertos y favorecedores de la competencia», señaló el ministro, quien resaltó la conveniencia de no dilatar más «la puesta al día» de unas estructuras jurídicas que, como las de la Ley 25/70, han sufrido «una erosión muy importante», como consecuencia de los cambios económicos experimentados en nuestro país y la adaptación de las normas de Bruselas «que han derogado tácitamente gran parte de los contenidos de nuestro ya viejo Estatuto del Vino del 70, que se ha quedado obsoleto».
La reforma de este estatuto se deriva de un acuerdo del Pleno del Congreso adoptado el 6 de mayo de 1997, por el que se creó una subcomisión en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con objeto de estudiar estas reformas.
En enero de 1998, el Congreso publicó el informe de esa subcomisión. Según explicó el ministro, se estimó conveniente «esperar a la entrada en vigor de la nueva OCM del Vino, el 1 de agosto de 2000, para que el texto legal se adaptara a las nuevas medidas de organización y gestión del sector vitivinícola en el ámbito comunitario».
Arias Cañete dijo que «hemos considerado necesario celebrar una jornada de reflexión, abierta a todos aquellos que representan intereses legítimos del sector, organizaciones agrarias, asociaciones de bodegas, consejos reguladores y, por supuesto, a las comunidades autónomas», señaló el ministro. «Este consenso sectorial es el que garantizará el éxito en la aplicación de esta nueva ley», añadió.
MAPA