La Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (UCAMAN) califica de dramática la situación del mercado vitivinícola actual, ante la práctica paralización de las operaciones comerciales y la alarmante bajada de la práctica totalidad de las cotizaciones de los productos vitivinícolas.
La situación de crisis generalizada, la bajada del consumo interior, la ralentización de las operaciones intra y extra-comunitarias, y sobre todo la falta de medidas de regulación de la nueva OCM, están desencadenando una catarsis sin precedentes en el sector vitivinícola europeo y español, pero si cabe con una virulencia mayor en Castilla-La Mancha, y más concretamente en el sector cooperativo.
Las bodegas-cooperativas afirman que la reforma comunitaria, aceptada y asumida por el MARM, el anterior equipo de gobierno de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y ASAJA, perjudica enormemente al sector vitivinícola castellano-manchego, al desaparecer de forma brusca las medidas de regulación de mercado (almacenamiento privado de vino de mesa y mosto, restituciones a la exportación, etc.), y mucho más si cabe al seguir en vigor la “chaptalización” (práctica enológica autorizada solamente en la U.E. para el aumento artificial del grado alcohólico en vinos, a partir de sacarosa procedente de remolacha, que incluso la OIV prohíbe), lo que desvirtúa y corrompe la elaboración de vino en países centroeuropeos, hundiendo la salida natural de más de 5 millones de hectolitros de mosto de uva que España venía elaborando en los últimos años, y de los que Castilla-La Mancha participaba en casi el 90% del total.
Destilación de crisis
La única medida de regulación que aún mantiene la nueva OCM es la destilación de crisis, y que la reglamentación comunitaria limita como máximo en esta primera campaña a destinar el 20% del sobre nacional, lo que supondría un límite máximo de 42’7 millones de euros para esta medida.
UCAMAN solicita la destilación de 2 millones de hectolitros de vino de mesa, que equivaldría al volumen resultante de restar el aumento de cosecha de esta campaña respecto a la anterior, es decir 3 millones de hectolitros, menos un millón de hectolitros de existencias de vino de mesa con que se partía a inicios de la presente campaña.
La reducción de las cotizaciones de este tipo de producto, que está rayando los costes de producción, alcanza entre el 25-30% de los percibidos el año anterior a las mismas alturas de campaña.
Medidas Extraordinarias
Además de la falta de operaciones comerciales antes aludida, la transformación de la medida de destilación de uso de boca en un pago acoplado a la superficie directo al viticultor, pago que en el mejor de los casos llegará a su bolsillo en el verano próximo, está provocando una falta de liquidez en el sector cooperativo, cuya tesorería está empezando a ofrecer números rojos, no pudiendo transferir a sus socios-viticultores el tradicional anticipo que a estas alturas de campaña se venía haciendo efectivo en la mayoría de las bodegas-cooperativas de Castilla-La Mancha.
Por tanto, ante una situación excepcional y de dificultad económica extrema, UCAMAN solicita a las Administraciones, tanto nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, como autonómica, a través de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que habilite una línea de ayudas directas de unos 25 millones de euros a las bodegas-cooperativas de la región, para paliar los efectos que está provocando la aplicación de una OCM que no responde a las necesidades comerciales y económicas del sector en la actualidad, y que está sumido en una crisis generalizada y un mercado, que de no tomar dichas medidas, entrará en caída libre.
Las bodegas-cooperativas han venido jugando hasta ahora un papel de regulación y estabilidad en los mercados vitivinícolas tradicionales; además han contribuido al mantenimiento de las rentas de sus socios-viticultores y a la paz social dentro del sector, por lo que es momento de comprobar si el sector vitivinícola es estratégico de verdad para los gobiernos, tanto regional como nacional, ya que son la renta de más de 80.000 viticultores y sus familias lo que está en juego.
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